Los sacerdotes de la Iglesia católica de El Salvador han expresado su preocupación al presidente Nayib Bukele respecto a las recientes negociaciones con Estados Unidos, que podrían transformar al país en lo que ellos califican como «una gran cárcel internacional». Durante este encuentro en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, Bukele formalizó un acuerdo que permitirá el envío de cientos de deportados, muchos de los cuales son venezolanos, a una megacárcel en El Salvador. Esta instalación tiene capacidad para albergar a 40,000 reclusos y ha generado un debate intenso en la sociedad salvadoreña, así como en diferentes sectores de la iglesia.
El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, ha emitido un mensaje claro y contundente en contra de esta posibilidad, pidiendo a las autoridades nacionales que se opongan a la idea de que El Salvador se convierta en un centro de detención para deportados, similar a lo que se ha visto en Guantánamo. El arzobispo hizo referencia a varios artículos de opinión que alertan sobre los peligros de este acuerdo y sobre cómo podría estigmatizar al país en el ámbito internacional, convirtiéndolo en un referente negativo a nivel mundial.
Escobar también destacó que, aunque el gobierno de Bukele podría estar actuando con buenas intenciones al buscar un mejor trato para los migrantes salvadoreños en Estados Unidos, el costo de ser considerado «la cárcel de América» podría ser demasiado alto. Según él, ningún país debería convertirse en el lugar de encarcelamiento de otros, especialmente si se trata de un país tan grande y poderoso como Estados Unidos. Esta perspectiva subraya la importancia de la soberanía y dignidad nacional en la toma de decisiones políticas.
La preocupación por esta situación también se acentúa cuando se considera que muchos de los deportados a El Salvador provienen de centros penitenciarios en Estados Unidos. Esto plantea interrogantes sobre las condiciones en las que serán recluidos y el impacto que tendrá este flujo de prisiones sobre el sistema penitenciario ya colapsado en El Salvador. Tal situación podría llevar a una crisis humanitaria, afectando no solo a los deportados, sino también a las comunidades que los reciben.
Por otro lado, algunos analistas han señalado que la alianza entre Bukele y Trump podría ser vista como parte de una estrategia más amplia para combatir la migración irregular desde Centroamérica. Sin embargo, esta estrategia está siendo cuestionada por sectores que consideran que, en lugar de enfocarse en el problema de raíz, el gobierno salvadoreño está optando por medidas que agravan la situación de derechos humanos en el país. La balanza entre la cooperación internacional y el respeto a la soberanía nacional se encuentra en juego en este dilema.