
Marcelo Guillermo Gómez Castro habría estafado a la empresa chilena Casas Chile SpA por más de 3.500 millones de pesos. La compañía dedicada a la fabricación de casas prefabricadas interpuso una querella criminal por administración desleal ante el Juzgado de garantía de San Bernardo.
Casas Chile SpA, empresa líder nacional en la venta y construcción de casas prefabricadas, ha presentado una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo, acusando un grave delito de administración desleal que ha provocado un daño estimado preliminarmente en alrededor de $3.500 millones de pesos al patrimonio de la sociedad.
El origen del perjuicio se remonta a la gestión del exgerente comercial y de operaciones, Marcelo Gómez Castro, quien, aprovechando su cargo y facultades, habría implementado un sistema paralelo de ventas informales que utilizaba las propias instalaciones, reputación e infraestructura de Casas Chile SpA, beneficiándose ilícitamente junto a un grupo de colaboradores cercanos. Entre el grupo mencionado en la querella, figuran los siguientes nombres:
- Marcelo Gómez Castro (exgerente comercial y operaciones, principal imputado)
- Fernando Ignacio Blumen Flores (hijo de Gómez, jefe de sucursal Concepción)
- Miguel Ángel Mincone Pardo (ejecutivo de ventas sucursal Santiago)
- Christian Gómez (ejecutivo de ventas sucursal Santiago)
- Marbelis Tovar (jefa del canal digital)
- Génesis Barajas (encargada de planificación de entregas)
- René Mardones (encargado de Finanzas)
- Yessenia Reyes (jefa de Tesorería)
- Jeannette Andrea Flores Lorca (cónyuge de Gómez, mencionada como colaboradora y facilitadora de la ocultación de efectos)
La investigación interna, apoyada en testimonios de clientes y colaboradores, habría acreditado que este grupo ejecutó ventas y servicios externos utilizando recursos de la empresa y desviando pagos directamente a cuentas personales, lo cual no solo afectó el flujo financiero, sino que también dañó gravemente la imagen corporativa.
La querella detalla, además, tácticas como la manipulación de entregas, descuentos irregulares y bonos informales sin registro contable, y la generación de un ambiente de silencio entre empleados para mantener oculto el esquema fraudulento.
Casas Chile SpA solicita que el Ministerio Público desarrolle una investigación penal en contra de todos quienes resulten responsables, exigiendo las máximas condenas legales correspondientes por el perjuicio y el abuso de confianza que perjudicó a la sociedad, sus colaboradores y sus clientes.
Este caso pone en evidencia cómo la confianza depositada en altos cargos puede ser vulnerada y derivar en grandes daños económicos y reputacionales para las empresas chilenas.
