A solo semanas de que el nuevo gobierno asuma sus funciones, el presidente electo y sus ministros ya están en el centro de atención mediática. Con un estilo reminiscentemente similar al de figuras como Donald Trump, el nuevo liderazgo se retrata a sí mismo como un salvador de la patria, utilizando eslóganes vacíos que alimentan el fervor de una base ansiosa por la retórica populista. Desde su llegada, se observa un despliegue teatral que incluye anuncios pomposos y declaraciones que distorsionan la realidad, con el objetivo claro de captar la atención de los votantes y distraer de las políticas autoritarias que se empiezan a insinuar en su agenda.

El gobierno de Kast se establece sobre un tipo de autoritarismo que categoriza las libertades civiles, sociales e individuales como obstáculos a sus planes de inversión. Este enfoque tiene eco en su gabinete, donde figuran leales que repiten fórmulas simplistas que fueron los pilares de su campaña electoral. La insistencia en construir un discurso en torno a una «emergencia económica y de seguridad» se convierte en un recurso que viabiliza la justificación de medidas que podrían comprometer los derechos más básicos de la ciudadanía.

El panorama es aún más complejo si se toma en cuenta el debilitamiento del movimiento progresista y sindical en el país. A medida que el nuevo gobierno avanza con su retórica de crisis, muchos se preguntan cuál será el rol de la oposición. Sin embargo, la discusión parece ser fútil si se carece de una visión clara sobre cómo plantear una alternativa real a un gobierno que, desde su inicio, se perfila como represivo y con una agenda contraria a los intereses sociales. En este sentido, el desafío no solo radica en resistir, sino en articular una propuesta sólida que enfrente las crecientes injusticias.

El discurso del nuevo gobierno también pone de manifiesto la desconexión con avances en derechos y libertades logrados en los recientes años. La nostalgia de un pasado donde las tasas de ganancia empresariales eran altas puede haber cegado a muchos ante la realidad actual, donde el país ha trabajado en propuestas que buscan equilibrar la economía, mejorar el medio ambiente y fortalecer la inclusión social. Ignorar estas condiciones ya logradas podría aislar a los conservadores y a su errática política en un vacío de ideas.

El enfrentamiento del progressismo contra un gobierno clasista y autoritario marca un capítulo crucial en la historia reciente de Chile. No solo se pone a prueba su capacidad para defender los derechos sociales que aún se mantienen, sino que también se abre una ventana para reconfigurar el debate político y social del país. Con una clara perspectiva de recuperar espacios perdidos, la izquierda tiene el reto de plantear una alternativa viable que no solo sea reactiva sino que proponga un proyecto de sociedad inclusiva y democrática, esencial para la regeneración de la confianza ciudadana.