El reciente anuncio del gobierno de José Antonio Kast, conocido por ser un régimen de millonarios y para millonarios, de reformar el sistema de admisión escolar, ha sido calificado como un ataque frontal al derecho a la educación. Este movimiento se percibe no solo como un retroceso de una década en las reformas educativas, sino también como un intento claro de profundizar la estratificación social en el acceso a la educación. Las propuestas de establecer criterios de “mérito”, que incluyen entrevistas a los padres y pruebas de admisión, apuntan a reinstaurar sistemas discriminatorios que excluyen a estudiantes de recursos limitados, continuando una tendencia alarmante hacia la privatización de la educación.
La crítica hacia esta reforma se intensifica cuando se analiza el contexto de recortes presupuestarios que afectan a la educación pública. Elementos fundamentales como la infraestructura escolar, la asistencia social a través de JUNAEB y el financiamiento de los Servicios Locales de Educación están siendo severamente recortados. Este enfoque revela un propósito financiero bien definido: redistribuir recursos hacia aquellos que ya poseen capital, en detrimento de los estudiantes más vulnerables y de la educación pública en general. Este tipo de políticas, reminiscentes de la dictadura de Pinochet, son inaceptables para una sociedad que busca igualdad y justicia social.
A través de la reforma del sistema de admisión, el Ministerio de Educación parece privilegiar a las escuelas particulares, promoviendo una competencia dañina que debilita aún más a las instituciones educativas estatales. La propaganda desregulada que acompaña estas decisiones busca crear una percepción de que la educación de calidad está ligada a instituciones privadas, sin embargo, la evidencia histórica muestra que tales reformas no han resultado en mejoras significativas ni en la calidad educativa ni en la cohesión social. El miedo es que este tipo de enfoques acabe por minimizar la oferta pública hasta convertirla en una opción residual para las familias más desfavorecidas.
El dogmatismo neoliberal que sostiene estas reformas asume que existen leyes de desarrollo social inamovibles, las cuales justifican la desatención del estado hacia su responsabilidad educativa. La concepción de que la educación debe ser una responsabilidad individual y familiar perpetúa desigualdades, dejando a los empobrecidos a merced de un sistema que les falla constantemente. Si bien se habla de “calidad de la educación”, este concepto se traduce en una mera redistribución de la pobreza educativa, lo que hace que el acceso a recursos se concentre en quienes ya poseen ventajas, reconfigurando las oportunidades en función del capital cultural acumulado.
Ante esta situación, la respuesta de las comunidades educativas debe ser contundente. La defensa del derecho a la educación es una causa que requiere movilización colectiva y un rechazo sistemático a políticas que buscan discriminar y dividir. Los docentes, como actores fundamentales en este proceso, deben unirse para manifestar su oposición a este modelo y exigIR un regreso a políticas inclusivas y equitativas. Solo mediante la acción organizada será posible enfrentar la ofensiva conservadora del gobierno. La brecha abierta por Kast en el sistema educativo ofrece una oportunidad para generar un cambio real que beneficie a todos los chilenos, reafirmando el derecho universal a la educación por encima de los intereses de clase.