Recientemente, el jefe de la Iglesia Católica en Chile, Fernando Chomali, ha desatado un intenso debate al pronunciarse en contra de los proyectos de aborto legal y eutanasia. Su discurso, que tuvo lugar durante el Te Deum, planteó una supuesta amenaza a los fundamentos de la democracia y al Estado de Derecho. Sin embargo, resulta desconcertante que una autoridad religiosa considere que la discusión sobre derechos civiles, que involucra a tantas personas en situaciones dolorosas y complejas, sea abordada desde una perspectiva dogmática en lugar de una visión centrada en los derechos humanos y la dignidad individual. La función de un Estado laico es precisamente asegurar que las leyes reflejen la pluralidad y diversidad de la sociedad, sin estar supeditadas a una doctrina religiosa particular.
Las palabras de Chomali sugieren que la discusión legislativa debería transitar por las pautas marcadas por la iglesia, lo que implicaría un paso atrás en el respeto a la autonomía de los ciudadanos. Tal actitud no solo incomoda a los que abogan por la autonomía personal, sino que también desafía los principios democráticos, donde el pluralismo y el debate deberían ser la norma. La insistencia en que el aborto y la eutanasia son «leyes injustas» ignora las realidades de miles de personas que se enfrentan a decisiones profundamente personales y frecuentemente dolorosas, condicionadas por su salud y bienestar.
Históricamente, la jerarquía de la Iglesia Católica ha intervenido en decisiones que afectan a la vida de las personas en Chile. Recordemos el caso del divorcio, que fue combatido férreamente bajo argumentos que apelaban a la protección del «alma» de la sociedad chilena. A pesar de esta resistencia, la ley se aprobó y ha beneficiado a millones, sin que la moralidad impuesta por unos pocos haya prevalecido sobre la realidad de muchos. Este patrón se repite ahora con la urgencia de abordar la regulación del aborto y la eutanasia, donde la vulnerabilidad de ciertas poblaciones merece atención y acción, no imposición de normas éticas ajenas a su experiencia.
El argumento de que discutir estos temas amenaza la democracia suena más como un intento de coartar a la sociedad chilena de participar en una conversación fundamental acerca de sus derechos. Lejos de imponer prácticas, estas leyes permitirían regular situaciones que ya son parte de la experiencia humana en el país, dignificando la decisión de cada persona al proporcionar un marco legal claro. Tal como se ha visto con la legislación del divorcio, se trata de crear espacios donde las decisiones pueden ser libres y conscientes, respetando así las diversas creencias y valores que coexisten en Chile.
Finalmente, es fundamental reconocer que la opinión de la Iglesia no es la única ni la más representativa en una sociedad diversa como la chilena. Los derechos civiles no deben ser una cuestión de fe, sino de respeto a la dignidad humana. La apertura a la discusión sobre el aborto y la eutanasia no solo afecta a quienes eligen estas alternativas, sino que responde a un llamado a garantizar la libertad de todos. La postura de Chomali, aunque legítima desde su punto de vista, debe ser vista en el contexto de un Estado democrático donde la pluralidad y la diversidad deben prevalecer. Imponer doctrinas religiosas sobre legislación civil atenta contra los valores mismos que la Iglesia dice defender.