
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante el Día de Muertos ha desatado una ola de indignación y críticas hacia el gobierno federal. Manzo, quien falleció tras recibir múltiples disparos en una plaza pública, se había convertido en el primer alcalde independiente del municipio tras su victoria en las elecciones de 2024. A sus 40 años, era una figura carismática en la política local, conocido por su sombrero de ala ancha y por un discurso rígido sobre la lucha contra el crimen organizado que resonó en redes sociales. Sus polémicas declaraciones, como instar a la policía a no tener piedad con delincuentes armados, habían generado divisiones entre sus seguidores y detractores, y llevaron incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum a distanciarse de sus comentarios.
Carlos Manzo no solo fue una figura local, sino que su imponente presencia en la política mexicana lo convirtió en un símbolo de resistencia contra el crimen. En publicaciones recientes, él mismo había manifestado su preocupación por la seguridad de Uruapan, reclamando al gobierno federal por la reducción de los efectivos de la Guardia Nacional en su municipio. Su estridente crítica señalaba que tal medida dejaba a la comunidad vulnerable ante las actividades del narcotráfico. En los días previos a su asesinato, había tomado la decisión de cancelar eventos patrios por razones de seguridad y había sido visto utilizando un chaleco antibalas, lo que evidenciaba su creciente conciencia del riesgo que enfrentaba en su lucha.
La reacción del gobierno federal ante esta tragedia ha sido objeto de controversia. Durante la conferencia de prensa posterior al asesinato, Claudia Sheinbaum condenó el homicidio y expresó sus condolencias, asegurando que se estaba proporcionando el apoyo necesario a Uruapan. No obstante, muchos ciudadanos y seguidores de Manzo sienten que la respuesta del gobierno ha sido insuficiente, cuestionando la eficacia de las medidas de seguridad implementadas. La polémica se intensificó cuando en las redes sociales, las palabras de Manzo resurgieron, resaltando su compromiso con la lucha contra el crimen y elevando su estatus como líder nacional post-mortem, con casi un millón de seguidores en Facebook.
El asesinato de Manzo se inserta en un contexto alarmante de violencia política en México, donde en lo que va del año se han reportado al menos diez asesinatos de alcaldes. Sin embargo, la resonancia de su muerte es significativa. La combinación de su carisma, su mensaje de mano dura contra el crimen y la situación de seguridad en Michoacán, donde el narcotráfico ha encontrado un caldo de cultivo propicio, ha hecho que el caso de Manzo capte una atención particular. Las voces de oposición han empezado a utilizar su muerte como un faro de crítica hacia la actual administración, cuestionando los logros prometidos en términos de seguridad pública por el gobierno de Sheinbaum.
Las protestas surgieron en las calles de Morelia, donde cientos de personas exigieron justicia por el asesinato de Manzo. En un ambiente cargado de emociones, los manifestantes no solo pidieron por el esclarecimiento del crimen, sino que también expresaron su desconfianza hacia el gobierno, poniendo en la mira a Claudia Sheinbaum. Este dinamismo social, característico de Michoacán, un estado con una rica tradición de resistencia y movilización, indica que la lucha por la justicia en este caso podría tener repercusiones más amplias en el panorama político regional y nacional. La muerte de Carlos Manzo y sus implicaciones continuarán haciéndose sentir en el debate sobre la seguridad y la violencia en México.
