El asesinato a tiros de Roberto Samcam, un mayor en retiro del Ejército de Nicaragua y crítico del régimen, ha conmocionado a la comunidad nicaragüense y a la diáspora en la región. El trágico evento ocurrió el pasado jueves en su residencia en Moravia, Costa Rica, donde el militar había estado exiliado desde 2018. La Cruz Roja local confirmó que fue agredido por desconocidos alrededor de las 7 de la mañana y que, al llegar al lugar, los paramédicos encontraron a Samcam con múltiples heridas de bala y sin signos vitales. Este acto de violencia ha sido categorizado como un asesinato político por diversos grupos opositores que buscan justicia y transparencia ante la violencia sistemática en Nicaragua.

El movimiento político Unión Democrática Renovadora (Unamos), del cual Samcam era un conocido defensor, fue uno de los primeros en reaccionar al homicidio, señalando directamente al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo como los principales responsables. En un comunicado, el grupo denunció el asesinato como un «cobarde acto de venganza política», instando a la comunidad internacional a tomar nota de este crimen y a exigir justicia. La acusación de Unamos se suma a una larga lista de ataques a disidentes y críticos del régimen, que han sufrido represalias y violencia en un contexto de creciente represión.

Diversas figuras políticas y activistas han expresado su repudio hacia el asesinato de Samcam. El exembajador nicaragüense, Arturo McFields, actualmente en el exilio, condenó este crimen en su cuenta de Twitter, describiéndolo como un acto de «cobardía y venganza política criminal». McFields instó a que el régimen de Ortega, al que calificó de «organización criminal», rinda cuentas por sus crímenes. Este asesinato se produce en un clima de miedo y represión en Nicaragua, donde las voces disidentes enfrentan cada vez más amenazas y ataques.

Roberto Samcam había sido un claro defensor de los derechos humanos y un crítico abierto de la dictadura que ha llevado a la nación centroamericana a una crisis profunda desde las protestas masivas de 2018. En entrevistas previas, Samcam había denunciado la represión de las manifestaciones y había llamado a rendir cuentas a los funcionarios del gobierno por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante este período de violencia. Su voz se alzaba no solo en Nicaragua, sino también en foros internacionales, donde hacía eco del sufrimiento de miles de nicaragüenses.

Este asesinato también resalta la problemática de la seguridad de los exiliados nicaragüenses, quienes buscan refugio y paz, pero que siguen siendo objeto de amenazas y agresiones por parte del régimen de Ortega. La preocupación ahora está centrada en la seguridad de otros opositores en el exilio y la urgencia de una respuesta colectiva y firme de la comunidad internacional. Sin embargo, el hecho de que este tipo de crímenes políticos siga siendo perpetrado subraya el temor que impera en la región y la necesidad de mantener la lucha por la justicia y la libertad en Nicaragua.