El titular de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció que las autoridades venezolanas están llevando a cabo una exhaustiva investigación sobre el reciente ataque de Estados Unidos a una supuesta narcolancha que resultó en la muerte de 11 personas vinculadas a la banda criminal Tren de Aragua. En declaraciones realizadas durante su programa semanal en el canal estatal Venezolana de Televisión, Cabello sostuvo que es responsabilidad del Gobierno investigar las circunstancias de este ataque, enfatizando que deben identificar a las víctimas, a las que se refirió como venezolanos. Cabello, sin embargo, matizó el número de fallecidos, afirmando que solo eran diez los que viajaban en la embarcación, lo que añade un aire de confusión a la situación.

El enfoque de Cabello fue claro al señalar que el ataque norteamericano no debe ser visto como un esfuerzo puramente antidrogas, sino como parte de un asedio más amplio destinado a provocar un cambio de régimen en Venezuela. Denunció las acciones militares de EE.UU. en la región como intentos de socavar el gobierno chavista, que ha enfrentado sanciones y presiones internacionales en los últimos años. En este contexto, Cabello se mostró firme al afirmar que los venezolanos no permitirán que nadie haga daño a su país, advirtiendo que retaliarán contra cualquier intento de intervención.

Por otro lado, la perspectiva estadounidense sobre el incidente fue defendida por la Casa Blanca, que argumentó que el ataque responde a las leyes de un «conflicto armado» y se dirigió contra una organización que ha sido designada como terrorista. La portavoz del Ejecutivo, Karoline Leavitt, aseguró que el ataque fue en defensa de los intereses de EE.UU. y de la autodefensa de naciones que sufren a manos de carteles de la droga. Leavitt también presentó el ataque como un mensaje claro para los narcotraficantes, afirmando que el presidente Donald Trump no tolerará estos actos delictivos.

La organización Amnistía Internacional (AI) ha pedido una investigación sobre el ataque, alegando que EE.UU. debe justificar el uso de la fuerza letal, subrayando que este debe ser el último recurso para proteger vidas. La directora de Seguridad con Derechos Humanos de AI en EE.UU., Daphne Eviatar, advirtió que si no se presentan tales justificaciones, el ataque constituiría una violación grave del derecho a la vida y sentaría un precedente peligroso para el uso de la fuerza en situaciones similares. La presión internacional sobre EE.UU. para que rinda cuentas se intensifica en un contexto ya tenso.

Incluso en medio de esta crisis diplomática, el presidente Nicolás Maduro aprovechó para desafiar a la gobernadora de Puerto Rico, sugiriendo que si tiene intenciones de invadir Venezuela, debería hacerlo de frente. Mientras tanto, el ministro de Defensa de Venezuela ha manifestado que el país no teme al despliegue militar estadounidense en la región, reafirmando la postura de resistencia del gobierno chavista frente a cualquier amenaza externa. La complejidad de este conflicto internacional resalta las tensiones persistentes en la región y el impacto de las acciones unilaterales en la soberanía de los países involucrados.