El 22 de junio de 2025, Estados Unidos llevó a cabo un bombardeo sin precedentes contra instalaciones nucleares en Irán, en un ataque coordinado con Israel que puso en entredicho el orden internacional y sus instituciones. Los complejos afectados, Fordow, Natanz e Isfahan, estaban bajo la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), lo que genera un profundo cuestionamiento sobre la legitimidad del ataque, dado que no había pruebas de que Irán estuviera desviando su programa nuclear hacia fines militares. Este acto, que se presenta como un intento de salvaguardar la seguridad internacional, evidencia las contradicciones de un sistema legal internacional diseñado para servir a los intereses de las potencias hegemónicas, mientras que se imponen duras restricciones a países del Sur Global.

Este bombardeo, lejos de ser una reacción espontánea, resulta ser el culminante de una estrategia prolongada de presión que disfrazaba sus verdaderas intenciones bajo la diplomacia. Desde meses antes, Estados Unidos había incrementado su retórica sobre una supuesta «amenaza iraní», mientras que la AIEA confirmaba la naturaleza pacífica del programa nuclear iraní. La sincronización entre las acciones militares de Israel y la intervención de Estados Unidos revela una planificación meticulosa destinada a desestabilizar a Irán en lugar de resolver las tensiones mediante la diplomacia. Esta narrativa construida por los gobiernos involucrados se asemeja a un enfoque cínico y predeterminado que ha sido característico de las potencias nucleares a lo largo de la historia.

El ataque a Irán marca una ruptura significativa de los principios del derecho internacional, que prohíbe el uso de la fuerza salvo en casos de defensa propia o por mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta violación nos recuerda un patrón histórico de instrumentalización del derecho por las potencias hegemónicas, en donde las normas son maleables y se aplican de manera diferenciada según la conveniencia del momento. El régimen de no proliferación nuclear existe como una herramienta que perpetúa esta desigualdad, reforzando un sistema que permite a los países más poderosos mantener sus arsenales nucleares sin compromisos serios hacia el desarme, mientras que a otros se les imponen restricciones severas que colocan en riesgo su soberanía.

La ofensiva contra las instalaciones nucleares iraníes ha acelerado la crisis del orden mundial y del Tratado de No Proliferación (TNP), cuyo valor se encuentra en entredicho tras este ataque. Si las garantías de inspección de la AIEA no son suficientes para proteger a un estado, esto subraya una deslegitimación del TNP que podría impulsar a más naciones del Sur Global hacia el desarrollo de armas nucleares como una forma de disuasión. Esta acción unilateral pone en evidencia la concepción de la seguridad internacional como un juego de poder en el que las reglas son impuestas solamente a los más débiles, traduciendo la política global a un escenario de confrontación sin límites claros.

Pese a la gravedad del ataque, Irán ha optado por una respuesta calculada y estratégica, evidenciando su preparación y responsabilidad antes de la agresión. A través de su respuesta, Irán busca restablecer el debate en el ámbito de la legalidad y la justicia, presentándose ante instancias internacionales para cuestionar la agresión cometida. Esta postura niega el discurso de las potencias que lo clasifican como un «peligro», al tiempo que exige una reconsideración de las estructuras de poder existentes. El reto para el orden internacional radica en reconocer que las verdaderas amenazas no se encuentran en los márgenes, sino en las acciones de aquellas potencias que operan con impunidad, utilizando el derecho internacional como un arma para mantener el statu quo colonial.