El Gobierno de José Antonio Kast Rist ha anunciado el inicio de un nuevo proceso de cobro dirigido a los deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE), enfocándose inicialmente en aquellos que cuentan con mayores ingresos. De acuerdo con información publicada por T13, este proceso comenzaría la primera semana de abril y se contempla la posibilidad de notificaciones a los deudores y acciones concretas como descuentos de cuentas bancarias o embargos. Sin embargo, aún no se han realizado anuncios oficiales detallados por parte de las autoridades, aunque el Ministerio de Hacienda ha confirmado que la Tesorería General de la República (TGR) será la encargada de ejecutar esta estrategia.
Según los datos disponibles, se prevé que la fase inaugural del cobro se concentre en personas que perciben ingresos superiores a los $5 millones al mes, quienes arrastran deudas impagas del CAE. La TGR ya ha identificado a un grupo aproximado de 1.800 deudores con una deuda promedio cercana a los $11 millones, lo que representaría un impacto significativo en los recursos fiscales del Estado, sumando cerca de US$20 millones. Esta medida está destinada a recuperar rápidamente estos fondos que han estado pendientes durante un tiempo prolongado, destacando la necesidad de recaudar deudas para financiar el gasto público.
En el marco de este proceso, se evaluarán diversas acciones para generar la recuperación de los recursos, incluso se contempla el uso de fondos disponibles en las cuentas bancarias de los deudores como un mecanismo directo para atender las deudas. Además, se prevé la posibilidad de embargos en casos específicos donde el compromiso de pago no sea cumplido. A pesar de que estos aspectos aún no se han confirmado oficialmente, la información continúa generando expectativas sobre cómo se implementará la estrategia del Gobierno para enfrentar esta situación de morosidad.
Tras esta fase inicial, la TGR ampliará el proceso a deudores con ingresos mensuales que oscilen entre $1,5 millones y $5 millones. Para este grupo, se planean ofrecer mecanismos de pago y convenios de regularización que permitan a los deudores afrontar sus obligaciones. Desde el Ministerio de Hacienda, se ha mantenido un enfoque cauteloso en cuanto a la divulgación de detalles específicos del plan, enfatizando que la comunicación oficial y la implementación del cobro recaen en la Tesorería. Esto ha generado incertidumbre entre los afectados, quienes esperan mayores aclaraciones sobre sus opciones de pago.
A medida que el Gobierno se prepara para iniciar este proceso, el foco en los deudores de mayores ingresos indica una estrategia clara para priorizar la recuperación de recursos fiscales. La expectativa es que, en los próximos días, la TGR realice una vocería oficial para aclarar los detalles del plan y las medidas que se llevarán a cabo. La presión para garantizar la efectividad de este proceso es alta, ya que la recuperación de deuda morosa se considera esencial para la estabilidad fiscal y la sostenibilidad del presupuesto del Estado.