El seguimiento de los desempeños de ministras y ministros del actual gobierno ha dejado al descubierto una serie de «errores no forzados» que están generando una creciente preocupación en la opinión pública, así como entre legisladores y expertos en diversos campos. En este contexto, las recientes comparecencias de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, han sido especialmente criticadas. Su deficiente calidad expositora y la carencia de un plan claro y estructurado sobre seguridad, en particular relacionado con el combate al crimen organizado y el narcotráfico, han dejado a muchos cuestionando su capacidad para liderar su cartera en un tema tan sensible para la ciudadanía.
Por su parte, la ministra de Ciencia y Tecnología, Ximena Lincolao, ha vuelto a ser el centro de la controversia tras la renuncia del subsecretario de su ministerio. Este hecho, que se produjo en medio de confusiones y desmentidos, ha resurgido en las conversaciones públicas debido a la falta de transparencia en la declaración de intereses de sus colaboradores. Lincolao, en lugar de afrontar la situación con apertura, optó por atacar a la prensa y acusar a otros ministros de actuar de la misma manera, lo que ha incrementado la percepción negativa sobre su gestión y su capacidad para asumir responsabilidades.
En el ámbito de las relaciones exteriores, el canciller Francisco Pérez ha sido crítico objeto de análisis por su estilo de gestión. Más enfocado en captación de inversiones y acuerdos comerciales, sus viajes a Estados Unidos e India han sido cuestionados por ser más propios de un gerente empresarial que un líder en política internacional. Esta desviación de prioridades ha llevado a que se minimicen las cuestiones geopolíticas y diplomáticas que son igualmente cruciales para el país, dejando a muchos preguntándose si su enfoque es el adecuado en tiempos de complejidades regionales.
Las dificultades comunicacionales también han marcado la gestión de la ministra vocera, Mara Sedini, quien ha sido objeto de críticas por sus declaraciones, especialmente aquellas que pusieron en duda la legitimidad de un partido político reconocido. Estas polémicas constantes, sumadas a las tensiones en el gabinete, han revelado divisiones que afectan la cohesión necesaria para un buen gobierno, donde todos los ministros deben trabajar en sinergia para abordar los desafíos que enfrenta el país.
Finalmente, la controversia más reciente se ha desatado en el Ministerio del Interior, a cargo de Claudio Alvarado, con un proyecto que busca obligar a diversas instituciones a entregar información sobre migrantes al Servicio Nacional de Migraciones. Este planteamiento ha sido rápidamente criticado por la ministra de Salud, May Chomali, quien destacó la ilegalidad de tal iniciativa debido a la protección que la ley otorga a los pacientes. Esta situación es un reflejo claro de la falta de coordinación y diálogo dentro del gabinete, que sólo agrava la percepción de ineficacia y provoca un ambiente de incertidumbre en torno a las decisiones que se están tomando desde el gobierno.