Las acciones de Nicolás Maduro

La situación política en Venezuela parece estar despertando de un largo letargo.

La designación este martes de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) integrado de forma más equilibrada por representantes del oficialismo y por dos personalidades de una parte de la oposición podría servir de punto de partida para la realización, por primera vez desde 2015, de comicios que sean reconocidos por la comunidad internacional y en los que participen las distintas fuerzas políticas que hacen vida en el país sudamericano.

Aunque de momento se trata de rendija más bien pequeña ya que el nombramiento cuenta con el rechazo de Juan Guaidó, líder opositor reconocido como presidente interino por gran parte de la comunidad internacional.

Aunque se trata solamente de un primer paso en un largo camino, los nombramientos de este martes se suman a otros eventos ocurridos durante las últimas semanas que parecen apuntar hacia una reactivación de la agenda política después de un 2020 en el que, aunque hubo unas controvertidas elecciones parlamentarias, la situación política permaneció inmóvil.

Un nuevo órgano electoral

El CNE ha sido una pieza fundamental en la crisis política en Venezuela desde al menos 2016, cuando fue abortado el proceso para realizar un referendo revocatorio en contra de Nicolás Maduro, tras denuncias de un presunto fraude en la recolección de firmas en cinco estados del país.

Aunque la directiva del nuevo CNE fue designada este martes por esa misma Asamblea Nacional electa en 2020, los nombramientos son fruto de un proceso de negociación con sectores de la sociedad civil y una parte de la oposición, e incluyen a dos figuras con un perfil contrario al oficialismo: Roberto Picón y Enrique Márquez.

Esos nombramientos dejan al oficialismo con una mayoría de tres rectores (Tania D’Amelio, Pedro Calzadilla y Alexis Corredor), pero podrían abrir una rendija para contar con un órgano electoral reconocido tanto por el gobierno como por la oposición.

La tarea, sin embargo, no será fácil pues arranca con el rechazo de los sectores de la oposición que respaldan al líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos y varias decenas de países.

La mesa de la pandemia

Ante la emergencia sanitaria, el año pasado se creó una mesa técnica con la participación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en la que, además del gobierno de Maduro, estaban representados otros sectores del país, incluida la oposición.

Como parte de ese proceso se comenzó a gestionar un plan para la adquisición de vacunas contra el covid-19 a través del mecanismo internacional Covax (Fondo de Acceso Global para Vacunas covid-19), que serían costeadas -al menos parcialmente- con los fondos de Venezuela congelados por el gobierno de Estados Unidos y puestos a la disposición de Guaidó.

El gobierno anunció que había pagado US$64 millones como inicial para adquirir vacunas suficientes para atender al 20% de la población. Se esperaba entonces que el resto de recursos procedería de los fondos que serían descongelados por Estados Unidos a petición de Guaidó.

Sin embargo, pocos días más tarde, Maduro afirmó que había pagado la parte restante de la factura.

El anuncio inesperado causó sorpresa, pero no parece haber puesto fin a la participación de la oposición en el financiamiento de las vacunas, pues pocos días después Guaidó aprobó el uso de US$100 millones de los fondos congelados en Estados Unidos para la adquisición de vacunas a través del Covax.

Arresto domiciliario para los exejecutivos de Citgo

El viernes 30 de abril fueron excarcelados y puestos bajo arresto domiciliario seis exejecutivos de Citgo, una filial de PDVSA en Estados Unidos.

Los exempleados de la petrolera venezolana -cinco de ellos con ciudadanía estadounidense y otro con permiso de residencia permanente en EE.UU.- pagan duras condenas de hasta 13 años de prisión tras ser condenados por corrupción, peculado y asociación para delinquir.

Ellos afirman ser inocentes y se consideran víctimas de una operación del gobierno de Maduro para lograr influencia en Washington.

Que hayan sido puestos nuevamente bajo arresto domiciliario es un gesto que es visto como un guiño del gobierno de Maduro a la Casa Blanca de Joe Biden.

La inédita ayuda alimentaria de la ONU

La firma a mediados de abril de un inédito acuerdo entre el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (WFA, por sus siglas en inglés) y el gobierno de Maduro para mitigar la crisis alimentaria que sufre Venezuela es otra de las señales de que algo parece estarse moviendo en el país sudamericano.

El director general del WFA, David Beasley, viajó a Caracas donde suscribió el acuerdo que prevé alimentar a 185.000 escolares para finales de este año e ir incrementando hasta alcanzar a 1,5 millones de estudiantes para el año 2023.

En diciembre de 2020, la agencia Bloomberg informó que las negociaciones para permitir el ingreso de la ayuda alimentaria en Venezuela habían durado ocho meses y que desde octubre existía un acuerdo tentativo que no lograba materializarse debido a que el gobierno de Maduro insistía en controlar la distribución de la ayuda.

Imputaciones en casos emblemáticos de derechos humanos

El 1 de mayo, Tarek William Saab, fiscal general, dio un giro a la narrativa oficial sobre dos de los casos de violaciones de derechos humanos más sonados de los últimos años.

En el caso de Juan Pablo Pernalete, un joven de 20 años fallecido durante las protestas antigubernamentales en abril de 2017, Saab señaló que había muerto tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho y que 12 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana habían sido imputados por homicidio.

Esa información contradice directamente la postura oficial ofrecida en su momento por el entonces ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, quien había calificado como “alegre y ligera” la versión de la prensa internacional que atribuía la muerte al impacto de una bomba lacrimógena.

Villegas afirmaba, en cambio, que había una “aproximación policial que muestra con un alto grado de veracidad” la posibilidad de que el joven hubiera muerto por el impacto de una pistola de perno.

En los días siguientes a la muerte de Pernalete, el funcionario se haría eco en su cuenta de Twitter de videos y materiales que apuntaban en dirección a la posibilidad de que el joven hubiera muerto a manos de otros manifestantes opositores.

El fiscal general Saab también modificó la posición oficial en torno a la muerte del exconcejal Fernando Albán, fallecido bajo custodia de las autoridades venezolanas el 8 de octubre de 2018.

Albán se encontraba detenido en el piso 10 del edificio sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), cuando cayó al vacío por una ventana. La versión oficial ofrecida entonces por el propio Saab era que el opositor se había suicidado.

Sin embargo, en septiembre pasado, el informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de la ONU manifestó “fuertes reservas” sobre la posibilidad de que Albán hubiera cometido un suicidio y dijo tener “motivos razonables para creer que funcionarios públicos estuvieron involucrados en su muerte”.

Este sábado, el fiscal general anunció que dos funcionarios del Sebin habían sido detenidos e imputados por varios cargos en el caso de Albán, incluyendo homicidio culposo.

¿Qué significa esto para Venezuela?

“Lo que hay es un claro interés de parte del gobierno de Maduro de ver si puede lograr alguna flexibilización en la política de Estados UnidosEllos buscan algún tipo de alivio ante las sanciones y la posibilidad de tener algún futuro político en un posible futuro poschavista”, comenta Geoff Ramsey, director para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), un centro de estudios con sede en la capital estadounidense).

Señala que el gobierno del presidente Joe Biden no concibe las sanciones como un fin en sí mismo sino como un medio para lograr el objetivo final de tener una elecciones “libres y justas” para la presidencia y para la Asamblea Nacional.