En un contexto global marcado por el ascenso del trumpismo y sus ramificaciones, se observa una notable bifurcación en el discurso político de líderes occidentales. El primer ministro de Canadá, en un intento de reconocer la disfuncionalidad del Derecho Internacional, ha declarado que este ha operado de forma asimétrica, una afirmación que resuena no por un genuino sentido de justicia, sino por el miedo de que el orden que alguna vez les favoreció ya no les brinde la misma protección. Esta admisión tardía saca a la luz una hipocresía estructural que las fuerzas del Sur global han denunciado durante décadas, dejando al descubierto que en muchos casos, la ley ha sido utilizada más como un arma de dominación que como un baluarte de igualdad.
A lo largo de la historia, el Derecho Internacional se ha utilizado por las potencias hegemónicas como una herramienta para justificar intervenciones agresivas bajo la sencilla premisa de proteger los intereses globales. Gobiernos en África, América Latina y Medio Oriente han sido despojada de su soberanía bajo la bandera de un ‘orden basado en reglas’ que, paradójicamente, nunca existió para aquellos que se encuentran al sur del paralelo 30. Estas naciones han visto su sufrimiento legitimado como ‘daños colaterales’ en guerras presentadas como intervenciones liberadoras, donde el uso equidistante de la moralidad solo ha servido para mantener estructuras de poder injustas.
La responsabilidad de los gobiernos progresistas en este contexto se vuelve ineludible. Al optar por la conformidad en lugar de desafiar las narrativas prevalentes del orden internacional, han traicionado no solo la esencia de su ideología sino también la confianza de los pueblos a los que dicen representar. Con un lenguaje que hoy reconoce la desigualdad del sistema, el mismo discurso que antes justificaba las intervenciones y los bloqueos se ha visto erosionado por la desesperación por mantenerse relevantes, lo que ha dejado un vacío ético en la política progresista. La historia ha demostrado que esta estrategia de dar la espalda a la verdad no solo es insostenible, sino que también fomenta el ascenso del autoritarismo.
El reconocimiento, aunque doloroso, de la desigualdad inherente en el Derecho Internacional por parte de líderes occidentales no es más que una llamada de atención sobre lo que se considera un ideal moral que ha fracasado sistemáticamente. Este momento histórico debe ser una ocasión para repensar la relación entre los gobiernos y el derecho que a menudo les sirve de justificación. Al no enfrentar la hipocresía del actual orden internacional, la pregunta que surge no es si este sistema es imperfecto, sino qué se hará para transformar un modelo que ha favorecido a unos pocos a costa de millones. La noción de justicia universal y protección de derechos humanos debe trascender las palabras vacías y convertirse en una acción concreta que repare las injusticias del pasado y acabe con los bloqueos y las invasiones.
Finalmente, el clamor por un nuevo pacto social que emane del pueblo será la única solución viable ante la crisis de un Derecho Internacional que ha dejado de servir a sus supuestos propósitos de igualdad y justicia. Las organizaciones y movimientos sociales, en su capacidad de movilización y resistencia, pueden convertirse en la verdadera fuerza motriz de esta transformación, capaz de desafiar el relato dominante y reclamar un nuevo orden que incluya a todos los pueblos sin distinción. Si la hipocresía ha sido expuesta y la renuncia a principios éticos se ha visibilizado, ahora se hace urgente volver a establecer una política basada en la verdad y la justicia, un imperativo moral que debe ser asumido por quienes luchan por un mundo más equitativo.