La desconexión evidente entre la sociedad real y la institucionalidad política en Chile se ha acentuado con las primeras decisiones tomadas por el gobierno de Kast y Quiroz. Este fenómeno revela un desprecio por el costo social que implica implementar un plan que, hasta el momento, parece ignorar las crecientes demandas de los ciudadanos. Según el profesor Hernán González, esta administración derechista está tomando decisiones que no solo deslegitiman la política institucional, sino que también marginan las formas de participación activa que han surgido en distintos sectores de la sociedad, como el movimiento estudiantil y los grupos organizados en los barrios. En este contexto, se vuelve esencial comprender que la democracia no se ejerce únicamente en las instituciones tradicionales, sino también a través de movilizaciones y asambleas que reflejan las verdaderas necesidades de la población.
En los dos meses transcurridos desde el inicio del gobierno, se ha podido vislumbrar un enfoque neoliberal que recuerda las políticas implementadas en el pasado, específicamente bajo la dirección de figuras como Sergio de Castro y Jorge Cauas. Esta versión original del neoliberalismo, que se presenta como un modelo idóneo para una sociedad contemporánea, parece basarse en las mismas premisas de exclusión y desigualdad que han predominado en las últimas décadas. El gobierno ha dejado claro que su objetivo no es administrar el sistema existente, sino transformarlo radicalmente. Las críticas a su plan suelen pasar por alto esta intención fundamental, retratando a sus promotores como continuistas de una agenda más moderada cuando, en realidad, están muy lejos de ello.
El Proyecto de Reconstrucción Nacional, que Kut y Quiroz han impulsado, ha suscitado alarmas entre los sectores progresistas y de oposición. Este plan no solo busca aumentar la riqueza de un pequeño grupo de empresarios, sino que también se presenta como la causa principal de un desplazamiento significativo de recursos del gasto público hacia las arcas de los grandes grupos económicos. Este cambio radical pone en cuestión la posibilidad de compensaciones para aquellos que sufran los efectos inmediatos de dicho ajuste. Se trata, en última instancia, de una reconfiguración del sistema que parece olvidar la función compensatoria del Estado, llevando a la población a una situación de vulnerabilidad aún más aguda.
La polarización entre gobierno y oposición ha alcanzado un nuevo nivel de intensidad. El límite que antes separaba a ambos actores políticos es ahora más nítido, y la defensa de los derechos económicos y sociales de los chilenos se plantea fuera del ámbito tradicionalmente formal de la política. Esta nueva realidad sugiere que será la misma sociedad, y no solo sus representantes en la Cámara, quienes deberán movilizarse activamente ante las amenazas que se ciernen sobre sus derechos fundamentales. A pesar de que la actual Constitución parece ignorar las necesidades de la ciudadanía, los movimientos sociales deben tomar protagonismo en el debate público si se quiere contrarrestar el avance de las políticas del nuevo gobierno.
Por último, el comportamiento de la oposición en este nuevo escenario se torna crucial. En un contexto donde la derecha ha cerrado filas en torno a un proyecto que busca desmantelar las conquistas sociales, los diversos sectores de la oposición deben reorientar su estrategia para articular una respuesta contundente. Tanto los sindicatos, como las organizaciones estudiantiles y los grupos comunitarios deben tejer una red de colaboración que les permita resistir y cuestionar las medidas que busca implementar el gobierno de Kast y Quiroz. Afrentar este desafío es indispensable no solo para la preservación de la democracia en Chile, sino para garantizar un futuro donde los intereses de la ciudadanía realmente sean la prioridad.