La reciente declaración de la ministra de Educación, María Paz Arzola, ha generado un profundo revuelo en el ámbito educativo chileno. Al anunciar la pausa en el traspaso de escuelas y liceos públicos hacia los Servicios Locales de Educación Pública, Arzola ha encendido el debate sobre el futuro de la educación estatal en el país. Este cambio estratégico, que afecta a más de 640 mil estudiantes y casi 119 mil profesionales del sector, representa un retroceso crucial en un momento en que la Nueva Educación Pública comienza a consolidarse. La desesperanza se hace palpable entre aquellos que han estado abogando por una educación inclusiva y de calidad, justo cuando más se necesita avanzar hacia un sistema equitativo.

Los problemas del sistema municipal, caracterizados por deudas y un rendimiento académico mediático, contrastan con el crecimiento de la Nueva Educación Pública, que ya comprende el 50% de su capacidad total. Sin embargo, la postura de los sectores conservadores y los proponentes de la privatización es clara: lo que les interesa es perpetuar un modelo que difiere de su enfoque hacia la educación pública, la cual consideran reservada para los menos favorecidos. Este punto de vista distorsionado no solo ignora la capacidad del nuevo sistema de ofrecer una educación digna, sino que también pone en riesgo el acceso equitativo a un derecho fundamental como lo es la educación.

La calma inexplicable del sindicato docente frente a estas medidas es alarmante. Con recortes inminentes en el presupuesto del 2027, el Colegio de Profesores y Profesoras parece no reaccionar, manteniéndose anclado en una defensa reactiva de los derechos laborales adquiridos. La falta de un plan de acción ante los cambios impuestos y la evidente falta de diálogo con el gobierno de Kast podrían llevar a un escenario de deterioro aún mayor para los docentes y estudiantes por igual, evidenciando una desconexión entre las necesidades del sector educativo y las respuestas de sus representantes.

Sin la desmunicipalización y el fortalecimiento de la Nueva Educación Pública, cualquier expectativa de reformas al sistema de financiamiento, del currículum educativo o de dignificación de la profesión docente queda en el aire. La lucha por una educación de calidad, que refleje las verdaderas demandas de la sociedad, se limita a conceder terreno a un sistema neoliberal ya agotado. Se hace cada vez más necesario que el gremio docente rompa con la inercia actual y emprenda una batalla más proactiva para gestionar cambios significativos y necesarios para los educadores y alumnos del país.

La estrategia de Kast y Arzola de desmantelar lo que queda de la educación pública, parece apuntar a eliminar un modelo que fomenta la cohesión social en favor de un esquema educativo elitista. A través de su