El reciente proyecto de ley sobre la evasión en el transporte público ha generado un intenso debate en la sociedad chilena, con críticas que subrayan su enfoque punitivo en lugar de abordar las causas estructurales del problema. Según el arquitecto y sociólogo Daniel Jadue, el marco legislativo no trata la evasión como un fenómeno social que surge de la falta de acceso a derechos sociales universales, sino que la simplifica en un «comportamiento incivilizado». Esta caracterización, sostiene Jadue, desvía la atención de las condiciones económicas que propician la evasión, centrándose en la responsabilidad individual de los infractores, lo que penaliza a los más vulnerables sin considerar sus circunstancias sociales.
La legislación en su forma actual parece olvidar que el transporte es un bien esencial para el acceso al trabajo y a una vida digna. En lugar de ser considerado un derecho social, se percibe como un servicio que debe ser sostenido financieramente a toda costa. Jadue argumenta que el proyecto evidencia cómo el Estado, al remarcar el «perjuicio fiscal» que ocasiona la evasión, refuerza su rol como garante del capital. Esta visión, alineada con la teoría marxista, indica que la prioridad del Estado no es asegurar que todos tengan acceso a un transporte adecuado, sino mantener la estabilidad económica de las empresas operadoras.
Entre las medidas propuestas, se incluyen controles biométricos y sanciones severas que podrían derivar en la restricción de acceso a beneficios estatales, educación e incluso la obtención de pasaportes. Este enfoque, según Jadue, transforma a los usuarios del transporte público en sujetos de vigilancia y castigo, promoviendo un régimen de disciplina social. La situación plantea preocupaciones sobre la efectividad del proyecto, que podría crear una cultura del miedo en lugar de fomentar una solución equitativa a las barreras de acceso al transporte.
La retórica utilizada en la propuesta legislativa también ha sido criticada por su tendencia a desviar la atención hacia la culpabilidad individual, sugiriendo que aquellos con recursos también participan en la evasión. Sin embargo, esta afirmación ignora un aspecto crucial: el costo del transporte incide directamente en la capacidad de la fuerza laboral para subsistir. Al ignorar cómo el costo del transporte puede determinar el bienestar de las personas, el proyecto se enfrenta a un vacío argumentativo en su intento de justificar la penalización de la evasión.
Finalmente, el proyecto de ley presenta un argumento que compara la evasión con recursos que podrían destinarse a mejoras sociales, como vivienda y salud. Sin embargo, este planteamiento se convierte en una forma de fetichismo económico que desvincula la pérdida fiscal de otras causas estructurales, como la evasión tributaria de grandes corporaciones. En vez de enfrentar las contradicciones del sistema de transporte, el legislativo opta por castigar a quienes dependen de este servicio, perpetuando un ciclo de desigualdad y exponiendo a los sectores más vulnerables a un régimen de control que no aborda el verdadero problema subyacente.