La Fiscalía de Bolivia ha emitido una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, quien ocupó la presidencia del país de 2006 a 2019. Morales es acusado de terrorismo y alzamiento armado en contra de la seguridad y soberanía del Estado, además de otros delitos relacionados con su supuesta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras que tuvieron lugar entre mayo y junio. Estas movilizaciones, impulsadas principalmente por campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), exigieron la renuncia del actual presidente, Rodrigo Paz. La orden de captura fue dictada por el fiscal Brayan Melgar y confirmada por fuentes cercanas al exmandatario, quien enfrenta múltiples acusaciones que también incluyen atentados contra la seguridad de servicios públicos y transporte.
Durante dos meses, los bloqueos de carreteras, que se llevaron a cabo en el occidente y centro del país, provocaron una crisis severa que dejó al menos 16 muertos, muchos de ellos por la falta de atención médica debido a los cortes en las vías. La situación no solo desabasteció de alimentos y combustibles a varias ciudades, sino que también generó pérdidas económicas que sobrepasan los 3.000 millones de dólares. Los campesinos y sus aliados exigían la renuncia del presidente Paz como su única demanda, resaltando la tensión política que se vive en Bolivia desde la salida de Morales del poder.
La denuncia contra Morales fue promovida a comienzos de julio por líderes cívicos de Santa Cruz, junto con el apoyo del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. Además de Morales, la denuncia incluye a otros líderes de la COB y campesinos de La Paz, como Vicente Salazar, quien se encuentra en detención preventiva por otro caso relacionado. Esta acción legal se encuentra enmarcada en un contexto de creciente descontento en diferentes sectores de la sociedad boliviana, donde las movilizaciones sociales han sido una constante desde la renuncia de Morales.
Por su parte, el expresidente ha negado cualquier responsabilidad en la promoción de protestas que exigieron la dimisión de Paz. Aunque insiste en que las movilizaciones buscaban respuestas efectivas del Gobierno a las necesidades de los sectores movilizados, hizo declaraciones en redes sociales donde sugirió que el presidente debía elegir entre «militarizar» el país o convocar a nuevas elecciones. Esta ambigüedad en sus mensajes ha sido interpretada como un intento de mantenerse relevante en la política boliviana pese a los múltiples procesos judiciales que enfrenta.
Desde la emisión de la orden de captura, Morales se mantiene en el Trópico de Cochabamba, su bastión político, bajo la protección de sus seguidores para evitar la detención. En anteriores ocasiones, un tribunal en Tarija lo declaró en rebeldía por no presentarse al inicio de juicio relacionado con un caso de trata agravada de personas. La Policía ha afirmado que espera el momento adecuado para ejecutar la orden de captura, lo que añade más incertidumbre al futuro del exmandatario y a la ya compleja situación política en Bolivia.