El reciente asalto a la gratuidad universitaria ha intensificado su agresividad, convirtiéndose en un tema central en el debate político y mediático de Chile. A través de medios como La Tercera y El Mercurio, la derecha ha iniciado una ofensiva para desacreditar la educación pública y su carácter emancipador, en un contexto donde la oligarquía busca recuperar el control sobre los recursos educativos. En un reportaje publicado por Roberto Gálvez, se expone cómo estos medios manipulan las cifras para presentar un panorama distorsionado de la gratuidad, advirtiendo que se reconocen apenas 850,000 estudiantes en condiciones de titularse, en contraste con los 1.5 millones de beneficiarios que se destacan en los titulares. Esta estrategia de crear una narrativa alarmista a partir de estadísticas engañosas busca justificar recortes fiscales y la eliminación de políticas públicas que promueven el acceso a la educación superior.

El manoseo de las cifras ha permitido a estos medios legitimar una política de austeridad que va en contra de la inversión en el bienestar social. En su editorial titulado «Una década de gratuidad en educación superior», La Tercera califica la gratuidad de «barril sin fondo», citando un déficit estimado de 780 millones de dólares proveniente de informes de Acción Educar. Sin embargo, esta cifra es mínima comparada con la evasión fiscal en el país, que supera los 10,000 millones de dólares anuales. La verdadera preocupación debería estar en la falta de inversión social y no en el gasto educativo. La narrativa utilizada por la derecha intenta culpar a la educación y a los estudiantes por problemas estructurales, creando así un ambiente de culpa y desconfianza que justifica sus tácticas de recorte.

El enfoque de revitalizar el sistema a través de la deuda familiar, como sugiere La Tercera, revela la intención de la derecha de volver al modelo de Crédito con Aval del Estado, que condenaría a las familias a vivir en un ciclo de endeudamiento continuo. En lugar de ver la educación como un derecho garantizado por el Estado, el discurso predominante promueve la idea de que el acceso debe ser condicionado por la capacidad de pago familiar. Esto contrasta con las prácticas comunes en Europa, donde el financiamiento educativo recae sobre el Estado, y se busca crear un entorno más igualitario y accesible. La realidad chilena, no obstante, se ha distorsionado en aras de mantener un sistema que favorezca a las élites financieras a expensas de la juventud.

El retorno de un modelo educativo centrado en el lucro implica una amenaza directa a la soberanía de la educación pública, que ha sido un bastión de pensamiento crítico y transformación social en el país. El discurso de fracaso impuesto por los medios no sólo busca justificar un recorte fiscal, sino también inyectar miedo en la base estudiantil, promoviendo la desesperación como un medio para controlar y silenciar a la juventud. La creación de un ciudadano endeudado conseguiría desactivar cualquier resistencia y mantendría el poder en manos de unos pocos. La defensa de la educación pública se convierte así en un acto de resistencia no solo contra políticas regresivas, sino también en pro de un futuro donde la conociencia y el acceso a un conocimiento crítico sean derechos inalienables.

Por lo tanto, el desafío para la sociedad chilena es claro: se debe enfrentar y desmantelar la narrativa de fracaso que intenta cimentar la oligarquía a través de los medios de comunicación. La educación es un bien común que debe ser defendido con determinación ante quienes intentan mercantilizarlo. Permitir que el capital financiero se infiltre en las universidades representaría una claudicación histórica que afectaría no solo a las generaciones presentes, sino también a futuras luchas por la educación gratuita y de calidad. Con soluciones efectivas y un compromiso renovado por la defensa de los derechos sociales, la sociedad chilena deberá luchar para asegurar que las aulas sigan siendo espacios de libertad y emancipación.