El cambio climático se ha convertido en uno de los principales factores que agravan la situación de los incendios forestales en Chile, especialmente en las regiones del Biobío, Ñuble y La Araucanía. Cada verano, el país se ve atrapado en un ciclo destructivo que no solo causa la devastación de bosques y tierras agrícolas, sino que también pone en riesgo la vida de miles de personas y animales. Los incendios son una realidad ineludible que duele y aterra a la población, desencadenando una serie de consecuencias que se sienten a largo plazo. A medida que las temperaturas aumentan y las sequías se hacen más prolongadas, es crucial reconocer que la falta de acciones preventivas efectivas contribuye a agravar esta crisis ambiental, la cual demanda urgentemente nuevas estrategias y una fuerte respuesta legislativa.
El modelo de desarrollo forestal en Chile ha sido criticado por su enfoque en la explotación intensiva sin considerar las dinámicas ecológicas necesarias para garantizar un manejo sostenible. Este enfoque ha sido responsable no solo de la pérdida de biodiversidad, sino también de generar condiciones propicias para que los incendios se propaguen con facilidad. La falta de trabajo preventivo con las comunidades locales ha llevado a una desconexión entre los habitantes y el entorno natural que los rodea. Sin una adecuada educación medioambiental y programas de sensibilización, es difícil que las comunidades desarrollen un sentido de responsabilidad frente a las prácticas que favorecen la prevención de incendios. Se requiere un cambio profundo en la forma en que se concibe el desarrollo forestal, priorizando la sostenibilidad y la colaboración comunitaria.
Ante este panorama alarmante, el reforzamiento de estrategias y financiamiento para la prevención en las zonas más sensibles se convierte en una necesidad imperante. Gran parte de los recursos destinados a combatir incendios se invierte en control de emergencias, mientras que la prevención continúa siendo un aspecto olvidado en las agendas políticas y presupuestarias. Las comunidades que habitan en áreas vulnerables a los incendios necesitan contar con mecanismos claros de apoyo y recursos que les permitan prepararse ante la inevitable llegada de la temporada de incendios. Esta inversión en prevención no solo ahorraría costos en futuras combates contra el fuego, sino que también contribuiría a la resiliencia de estas comunidades frente a un fenómeno que parece ser cada vez más extremo y recurrente.
La actual legislación sobre incendios forestales enfrenta grandes retrasos y obstáculos en el Congreso, con la Ley de Incendios sufriendo un parón de casi dos años. Este tipo de inacción refleja una falta de prioridad en lo que respecta a la protección del entorno y la vida humana en Chile. Las y los legisladores deben tomar en cuenta que cada día que pasan sin una legislación firme, la situación se vuelve más crítica. La creación de normativas adecuadas no solo debe enfocarse en el control de incendios, sino también en la regulación del uso de suelo, la modificación de planos reguladores y la implementación de criterios adecuados para la construcción de viviendas en zonas de alto riesgo. Sin una postura decidida de la administración pública, las iniciativas parciales serán siempre insuficientes.
Finalmente, para abordar la crisis de incendios forestales de manera efectiva, es fundamental no solo una respuesta inmediata, sino también un enfoque a largo plazo que integre todos los factores sistémicos involucrados. Al observar lo que ocurre en otros países con situaciones similares, es evidente que la prevención debe ser una prioridad. Los incendios no solo son provocados por factores naturales, sino también por acciones humanas intencionales que necesitan ser combatidas con firmeza. Para ello, es esencial que Chile refuerce sus esfuerzos en educación ambiental, implemente políticas más estrictas en materia de control y prevención, y fomente una colaboración activa entre el gobierno y las comunidades. Solo así se podrá reducir la magnitud de estos desastres y proteger de forma integral a los ecosistemas y a la población afectada.