Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ha condenado al exvicepresidente Jorge Glas a 13 años de prisión y a la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos debido a la malversación de fondos públicos. Esta condena se deriva de la utilización indebida de recursos que debían destinarse a la reconstrucción de las áreas más afectadas por el devastador terremoto de magnitud 7,8 que golpeó la costa ecuatoriana en abril de 2016, un desastre que dejó un saldo trágico de cientos de víctimas mortales. Junto a Glas, también fue condenado el exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción de Manabí, Carlos Bernal, quien recibió la misma pena por su complicidad en este escándalo de corrupción que ha conmocionado al país.
La sentencia fue leída por la jueza Mercedes Caicedo, quien enfatizó que los fondos, recaudados a través de impuestos y contribuciones de los ecuatorianos, fueron mal empleados en construcciones consideradas «inservibles» y «innecesarias». Según la jueza, estas acciones constituyeron no solo un abuso de confianza, sino un desprecio absoluto hacia las víctimas del terremoto, quienes esperaban que su sufrimiento fuera aliviado por la pronta y efectiva atención estatal. De acuerdo a la justicia, Glas y Bernal priorizaron proyectos que no eran urgentes, lo que generó un perjuicio al Estado de más de 225 millones de dólares.
Jorge Glas ya se encuentra en prisión de máxima seguridad, donde cumple otras condenas por casos de corrupción, incluyendo su participación en el escándalo de Odebrecht. Esta nueva sentencia se suma a un historial judicial complicado que incluye penas previas de seis y ocho años de cárcel, reflejando un contexto de corrupción que ha marcado su carrera política. Durante el juicio, Glas se declaró inocente, afirmando que no manejó fondos ni se benefició personalmente de las actividades por las cuales fue acusado. Sin embargo, su defensa no logró convencer al tribunal de su inocencia.
La situación de Glas ha desencadenado tensiones diplomáticas entre Ecuador y México. A principios de abril de 2024, el exvicepresidente solicitó asilo en la embajada mexicana en Quito, lo que provocó que un grupo de policías ecuatorianos irrumpiese en el recinto diplomático con el objetivo de capturarlo. Este operativo generó una fuerte reacción en México, con el presidente Andrés Manuel López Obrador denunciando la incursión como una violación del derecho internacional y de la soberanía de su país.
En respuesta a este incidente, la embajada mexicana en Quito se manifestó enérgicamente, destacando el riesgo que asumió su personal para defender la soberanía de México. El gobierno ecuatoriano, por su parte, acusó a la embajada de abusar de las inmunidades diplomáticas al otorgar asilo a un individuo con antecedentes de delitos graves. El conflicto ha suscitado la condena de varios gobiernos de Latinoamérica y organizaciones internacionales, señalando la importancia de respetar el derecho al asilo y las normas que rigen las relaciones diplomáticas.