El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, anunció el jueves 14 de agosto de 2025 que se prevé la realización de alrededor de 600 juicios colectivos para procesar a miles de presuntos pandilleros detenidos bajo el régimen de excepción, vigente en el país desde marzo de 2022. Este régimen, implementado por el gobierno del presidente Nayib Bukele, permite arrestos sin orden judicial, resultando en la detención de decenas de miles de sospechosos asociados a temidas bandas delictivas. La medida ha generado un intenso debate sobre los derechos humanos y la aplicación de justicia en el país, que busca erradicar la presencia de pandillas que han sembrado el terror en diversas comunidades.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia del Congreso, Delgado detalló que aproximadamente 300 fiscales estarán a cargo de presentar las evidencias en los juicios colectivos. Estos procesos judiciales estarán organizados por pandillas, lugares de operación y la relación de los acusados con los delitos relevantes. A pesar de la magnitud de este proceso, el fiscal admitió que tomarán tiempo y que será necesario un análisis exhaustivo por parte de los jueces para emitir sus resoluciones, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad y rapidez del sistema judicial en contextos de alta presión.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel que actualmente alberga a unos 15,000 reclusos vinculados con las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, se ha convertido en el principal centro de detención bajo estas políticas represivas. Aunque Delgado no especificó la fecha de inicio de los juicios colectivos ni los delitos concretos que enfrentarán los acusados, el ambiente en el Cecot es tenso y cargado de incertidumbre para muchos familiares de los detenidos, quienes temen por la suerte de sus seres queridos en un sistema judicial que opera bajo condiciones excepcionales.
Este mismo día, la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia del Parlamento otorgó un «dictamen favorable» a reformas propuestas, que incluyen una extensión del plazo de hasta tres años para que la Fiscalía presente acusaciones contra presuntos miembros de pandillas. Esta expansión de tiempo es vista como una necesaria medida para dotar de un marco legal más robusto los procesos en curso; sin embargo, la aprobación de estas reformas ha suscitado críticas entre activistas de derechos humanos que advierten que tales medidas podrían facilitar abusos y condenas injustas.
Ingrid Escobar, abogada y defensora de derechos humanos, ha expresado su preocupación en torno a los juicios masivos, alertando sobre el riesgo de que «justos paguen por pecadores». Escobar, quien dirige la ONG Socorro Jurídico Humanitario, señala que existe la posibilidad de que personas inocentes, e incluso fallecidas, sean condenadas en estos procesos. Desde la implementación del régimen de excepción, aproximadamente 88,000 presuntos pandilleros han sido detenidos, aunque unos 8,000 han sido liberados, resaltando la complejidad de un sistema que busca rápidamente justicia, pero que podría estar infringiendo derechos fundamentales en el proceso.