El caso de Lindomar Jesús Amaro Bustamante ha conmocionado a la opinión pública en Venezuela tras su trágica muerte bajo custodia del Estado. Este joven preso político, de 27 años, fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana el 28 de julio de 2024 mientras regresaba a casa en moto en el estado Cojedes, en el contexto de protestas contra el fraude electoral del régimen de Nicolás Maduro. Su muerte, ocurrida el 3 de mayo de 2024, se ha calificado como un ahorcamiento dentro de su celda en la cárcel de Tocorón, un hecho que ha sido denunciado por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (CLIPPVE). La organización indicó que, a pesar de que Lindomar había intentado quitarse la vida anteriormente, no recibió la atención médica necesaria ni medidas de protección, lo que agrava la responsabilidad del Estado en lo que se considera una muerte evitable.
La situación en la cárcel de Tocorón ha sido descrita como crítica, con testimonios que sugieren condiciones deshumanizantes y abusos sistemáticos. En un lamentable contexto, se conoció que otro joven preso, Jhoandri Joel Silva Lara, también intentó suicidarse durante el mismo episodio, revelando la desesperación que enfrentan los reclusos. Silva había sido arrestado arbitrariamente mientras buscaba un anticonvulsivo para su hija y había sido dado de alta recientemente tras una crisis nerviosa provocada por el estrés del encierro. Ambos jóvenes habían permanecido en condiciones infrahumanas en celdas de castigo, donde eran sometidos a torturas psicológicas y amenazas, lo que pone de manifiesto un patrón preocupante de abuso en el sistema penitenciario venezolano.
La familia de Lindomar, que se encuentra en una situación económica precaria, no pudo visitarlo durante sus nueve meses de encarcelamiento. La organización CLIPPVE ha destacado que sus amigos, quienes también estuvieron detenidos en la misma cárcel, fueron quienes recibieron su cuerpo el 4 de mayo y lo trasladaron a su pueblo en Cojedes, donde fue enterrado ese mismo día. Este manejo por parte del sistema penitenciario ha generado un clamor de justicia en la sociedad venezolana, que clama por el fin de las violaciones de derechos humanos y el respeto a la dignidad de los prisioneros políticos.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela ha responsabilizado directamente al director del penal de Tocorón, Juan Carlos Quezada, y ha exigido una investigación independiente sobre la muerte de Lindomar Amaro. Al mismo tiempo, el Comité ha solicitado la liberación inmediata de todos los presos políticos en esa cárcel y el cierre permanente del centro penitenciario. Esta situación ha captado la atención de diversas figuras políticas, incluyendo a la líder opositora María Corina Machado, quien se manifestó en contra de este acto, describiéndolo como uno de los crímenes más horrendos perpetrados por el régimen. «Que nadie lo dude: esta muerte tiene UN solo responsable: Maduro», afirmó en su cuenta en la red social X.
La muerte de Lindomar Amaro es solo uno de los casos recientes que han resaltado el deterioro de la situación de derechos humanos en Venezuela. Desde el inicio de 2024, el país ha reportado al menos seis muertes de presos políticos bajo circunstancias similares, lo que indica un alarmante patrón de abandono e impunidad dentro del sistema penitenciario. Las organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que estas muertes son indicativas de una crisis mayor y exigen al régimen de Maduro que asuma su responsabilidad y detenga las violaciones de derechos humanos en sus cárceles. La comunidad internacional también observa con preocupación, instando a acciones concretas hacia la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos.