La compañía minera Poderosa, conocida por la explotación de minas de oro en el departamento de La Libertad, ha confirmado la trágica muerte de 13 de sus trabajadores que fueron secuestrados por grupos armados. Este luctuoso incidente ocurrió en la provincia de Pataz, un área donde la minería artesanal ha sido históricamente complicada debido a la presencia de mineros ilegales que operan sin regulaciones y a menudo se alían con bandas criminales. El comunicado emitido por Poderosa destaca la gravedad de la situación y la creciente violencia en la región, donde la seguridad se ha convertido en un desafío crítico para los trabajadores y sus familias.

El informe también revela que las víctimas fueron encontradas en un socavón, maniatadas, vendadas y despojadas de sus ropas, lo que pone de relieve la brutalidad del crimen. Según fuentes policiales, las víctimas fueron ejecutadas con un disparo en el cuello, lo que revela un nivel alarmante de violencia que acompaña a la minería ilegal en esta zona. La empresa ha expresado su pesar y solidaridad con las familias de los trabajadores fallecidos, quienes habían sido ubicados en el lugar de trabajo el pasado 27 de abril, un día antes de perder contacto.

La situación en Pataz se describe como un «territorio sin ley», donde las autoridades luchan por recuperar el control y ofrecer seguridad a los habitantes y trabajadores locales. Hasta ahora, se ha informado que 39 personas, entre colaboradores y mineros artesanales, han sido víctimas de estas bandas criminales. La creciente impunidad y la falta de intervención efectiva por parte de las autoridades han permitido que estas actividades ilegales prosperen, generando un entorno de temor y desesperanza en la comunidad.

Las familias de los trabajadores secuestrados han expresado su dolor y angustia al haber perdido la comunicación con sus seres queridos. Se ha hecho un llamado urgente a las autoridades para que intensifiquen los esfuerzos de seguridad y prevención en la región. Sin embargo, los recientes eventos han despertado inquietudes sobre la ineficacia de las autoridades ante estos repetidos y atroces crímenes. En medio de esta crisis, la comunidad espera más intervención para garantizar la protección de sus vidas y derechos.

La respuesta del gobierno y de las fuerzas de seguridad respecto a este tema ha sido objeto de críticas. Los ciudadanos claman por una solución duradera que no solo aborde las consecuencias de la violencia, sino que también combata las causas subyacentes del problema. La situación en Pataz resalta la necesidad urgente de estrategias que no solo garanticen la seguridad física, sino también promuevan el desarrollo sostenible y la legalización de la minería en un entorno en el que prevalezcan los derechos humanos.