En la reciente Cuenta Pública del presidente Kast, se anunció la creación del Registro de Vándalos e Incivilidades, una medida que ha levantado una ola de críticas entre los sectores estudiantiles y la sociedad en general. Según esta iniciativa, quienes cometan infracciones en el transporte público o atenten contra carabineros perderán la gratuidad universitaria, una amenaza que ha sido considerada como una maniobra para intimidar a los estudiantes que demandan cambios en el sistema educativo. Este anuncio, fresco en la memoria colectiva, se ha visto seguido por la manifestación convocada por la CONFECH en respuesta a recortes significativos en la educación superior, demostrando que el contexto político está lejos de ser fortuito.
La marcha del pasado lunes, que tuvo lugar en la Alameda, fue un grito de alerta frente a las decisiones del gobierno que afectan directamente a los jóvenes chilenos. Las demandas de la CONFECH son claras y concisas: rechazo al proyecto Escuelas Protegidas, oposición a los recortes de 197 mil millones de pesos y resistencia a la megareforma tributaria que beneficia a los más ricos. Estas exigencias reflejan un profundo descontento con un modelo que parece priorizar intereses económicos sobre los derechos fundamentales de los estudiantes, quienes se encuentran en situaciones precarias, muchas veces sin un plan B que mitigue las consecuencias de perder la gratuidad.
Sin embargo, la respuesta del gobierno fue contundente y violenta. La Delegación Presidencial Metropolitana, liderada por Germán Codina, limitó la ruta de la marcha para evitar que pasara por La Moneda, un claro intento de silenciar la protesta. La pronta intervención de Carabineros con carros lanza aguas escenificó un enfrentamiento que parece haber sido anticipado. La CONFECH no tardó en cuestionar la sincronización entre la autorización tardía de la marcha y la respuesta policial, sugiriendo que el objetivo real del gobierno era provocar un incidente que justificara la represión ya planificada.
El incidente en la Alameda expone el cálculo erróneo que ha hecho el Estado en cada momento de descontento social reciente. Desde el Mochilazo hasta la revuelta de octubre de 2019, cada intento de represionar al movimiento estudiantil ha fracasado, resultando en un incremento de la movilización y la solidaridad. La historia tiene una lección clara: cuando el Estado criminaliza la protesta, sus consecuencias son un aumento en la respuesta de quienes solo intentan hacer valer sus derechos. La lucha estudiantil chilena ha demostrado una y otra vez que la resistencia se fortalece ante la opresión.
El proyecto Escuelas Protegidas no es más que una extensión de la lógica represiva del Registro de Vándalos al ámbito educativo, donde las mochilas serán revisadas y los estudiantes sancionados por ejercer su derecho a la protesta. La medida transforma el derecho a la educación en un privilegio condicional, una linea peligrosa que amenaza a aquellos que osan cuestionar un sistema que, como se revela, prioriza la obediencia sobre el bienestar educativo. En este contexto, es esencial que los estudiantes continúen su lucha, vaticinando que lo ocurrido el lunes en la Alameda es apenas un reflejo del Chile que está emergiendo bajo un gobierno que criminaliza la disidencia y silencia las voces en oposición.