Con la candidatura de Jeannette Jara a la presidencia y el respaldo de una amplia coalición democrática en las elecciones parlamentarias, se vislumbra un panorama propicio para el avance hacia la igualdad, la dignidad y la participación social en Chile. Durante los últimos años, han sido los jóvenes estudiantes quienes han encabezado las movilizaciones que han puesto en evidencia las contradicciones del sistema educativo, un terreno fértil para el choque de valores y concepciones del mundo. Este sistema, que debería ser la base de la construcción de una sociedad igualitaria, se presenta frecuentemente como un campo de batalla donde se enfrentan las visiones de un futuro inclusivo y democrático con las viejas estructuras de privilegio que persisten desde la historia familiar, étnica y de clases en la que han crecido los estudiantes.
Desde el año 2006, los movimientos estudiantiles han logrado importantes victorias que han llevado a la reconfiguración del sistema educativo en Chile. La derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) y su reemplazo por la Ley General de Educación (LGE) marcó un hito fundamental, eliminando regulaciones que habían perpetuado una educación excluyente y antidemocrática. La LGE reconoce la diversidad educativa y los derechos de las comunidades escolares, un avance considerable en la lucha por una educación que, en lugar de ser un privilegio, se reconozca como un derecho esencial para todos los ciudadanos, independentemente de su origen social.
Uno de los logros más significativos del movimiento estudiantil fue la derogación de la Ley General de Universidades, que había limitado la participación democrática en la gestión de las instituciones de educación superior. Este cambio no solo permitió la elección democrática de rectores y autoridades universitarias, sino que también posibilitó la creación de políticas de gratuidad en la educación superior, desafiando el modelo de financiamiento que limitaba el acceso a un sector privilegiado. La implementación del nuevo sistema de financiamiento, el FES, que prioriza a los estudiantes en situación más vulnerable, es un paso hacia un sistema educativo más justo y equitativo.
En el ámbito de la educación escolar, el legado del segundo gobierno de Michelle Bachelet también ha sido crucial, al regular el sistema de educación particular subvencionado que, a lo largo de los años, había permitido la existencia de una lógica de mercado dentro del sistema educativo. A través de la Ley de Inclusión, se han realizado cambios que favorecen la igualdad de oportunidades y promueven una educación que se aleje del modelo clasista y privatizador. Estas reformas son fundamentales para corregir el rumbo y hacia una educación que se base en la inclusión y la equidad, comenzando a reconocer y valorar la diversidad que impera en nuestras aulas.
El futuro próximo plantea un desafío enorme para un gobierno progresista, pues es necesario avanzar en la creación de un sistema público único y descentralizado que se adapte a las realidades locales. La capacidad de las escuelas y del sistema educativo para desarrollar proyectos propios dependerá no solo de las políticas curriculares, sino también de un enfoque que priorice habilidades relevantes, en lugar de seguir perpetuando un currículo rígido y obsoleto. La transformación educativa debe considerar los nuevos paradigmas que surgen ante la inclusión de nuevas tecnologías y los cambios socioculturales que han modificado la manera en que los jóvenes interactúan con la educación, para así garantizar que el sistema escolar responda realmente a las necesidades de una sociedad en constante evolución.