El reciente triunfo de José Antonio Kast en el pasado ciclo electoral ha desatado una serie de reflexiones y preocupaciones que trascienden la mera victoria de una candidatura. Este fenómeno ha sido interpretado como el inicio de un proceso de restauración conservadora en Chile, una respuesta a los cuestionamientos sobre los pilares que han sostenido la hegemonía de la derecha en el país. Sin embargo, lo que está en juego no es sólo quién ocupa el poder político, sino las implicaciones mucho más profundas que esta victoria tendrá en el panorama institucional y social chileno. La gran pregunta es cuál será el costo que deberá afrontar Chile si el movimiento liderado por Kast se traduce en un poder real y efectivo.
En un contexto internacional donde los discursos que legitiman la desigualdad han empezado a perder fuerza, la victoria de Kast puede simbolizar un retroceso en la lucha por los derechos y la igualdad. Comparativamente, los países de la OCDE que han optado por políticas redistributivas y de protección social han alcanzado niveles más altos de cohesión social y desarrollo sostenible. En este sentido, el regreso a normativas regresivas no solo sería un retroceso para los derechos sociales, sino que representaría un aislamiento internacional que afectaría la cooperación y el desarrollo del país. Las realidades sociales actuales evidencian que cada intento de restaurar un orden excluyente conllevaría grandes costos, tanto económicos como sociales, para las clases populares.
La transformación de las élites en Chile también está en el centro del debate. La pérdida de monopolio de la elite tradicional, impulsada por la movilidad social y la educación, representa un logro del desarrollo democrático del país. Sin embargo, la reacción defensiva frente a este cambio puede llevar a prácticas de cierre y a la captura institucional, lo que deterioraría aún más la legitimidad democrática. Al empeñarse en una revancha contra esta transformación, las élites tradicionales corren el riesgo de provocar bloqueos políticos y decisiones ineficientes que, a la larga, perjudicarían a los sectores más vulnerables de la sociedad chilena.
En este clima, la realidad de las comunidades también se vuelve un foco de atención. Fenómenos como la migración y la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios desestabilizan la idea de una nación homogénea, a la cual ha recurrido históricamente la derecha chilena para justificar desigualdades. Las estrategias de cerramiento y estigmatización que pudieran implementarse en respuesta a esta diversidad no resolverían los conflictos sociales, sino que los intensificarían, ocasionando inestabilidad y precariedad laboral. Por el contrario, los países que eligen políticas inclusivas y de cohesión social avanzan hacia un desarrollo más sólido y una democracia más estable.
Con el horizonte de una democracia plena en juego, resulta crucial abordar estos procesos con una mirada integral. No se trata simplemente de unas elecciones, sino de cómo las decisiones tomadas bajo una lógica de revancha pueden influir negativamente en la calidad de la democracia y el respeto de los derechos sociales. La situación que enfrenta Chile exige un esfuerzo conjunto que contemple la consolidación de una coalición oficialista confiable y la apertura de un diálogo sincero con todos los sectores de la sociedad. La construcción de un futuro justo debe partir de la premisa de profundizar la democracia, reducir las desigualdades y centrar las políticas en la dignidad y justicia social.