El número de fallecidos por el devastador doble terremoto que azotó la zona norte de Venezuela hace casi tres semanas ha alcanzado la alarmante cifra de 4,734, después de que se reportaran 173 nuevos fallecimientos. Así lo informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien también es un destacado miembro del partido chavista. Esta tragedia ocurrió durante un feriado nacional, lo que complica aún más la situación en un país ya afectado por crisis económicas y sociales.

El balance oficial, compartido a través de Telegram por Delcy Rodríguez, hermana de Jorge y actual presidenta encargada de Venezuela, revela que el número de heridos se mantiene en 16,740, mientras que 17,907 personas continúan sin hogar tras los sismos. Las estadísticas han puesto de manifiesto la magnitud del desastre, destacando la cantidad de residentes que aún requieren asistencia urgente tras la catástrofe.

Con respecto a la respuesta del gobierno, se activaron 107 campamentos transitorios en Caracas y los estados vecinos, albergando ya a 20,903 personas. El gobierno asegura que ha brindado atención a un total de 128,324 familias y 33,652 pacientes, aunque no ha proporcionado detalles sobre la naturaleza de la asistencia ni el método utilizado para llevarla a cabo, lo que ha generado críticas y desconfianza.

Desde la ocurrencia del sismo principal, el 24 de junio, se han registrado 1,275 réplicas, siendo la más reciente una sacudida de magnitud 3.9 que tuvo lugar el viernes y que se sintió especialmente en el estado La Guaira, uno de los más afectados. Esta réplica generó pánico entre la población y llevó a evacuaciones preventivas en edificios, reflejando la inseguridad y el temor que prevalecen en la región.

Para abordar la crisis habitacional, el régimen ha anunciado el inicio de un censo biométrico para evaluar la demanda de viviendas, que se estima en 25,000. Jorge Rodríguez ha prometido que la presidenta encargada entregará las primeras 200 casas esta semana. Asimismo, el gobierno, junto a un grupo opositor liderado por la exdiputada Dinorah Figuera, ha establecido un plan conjunto que comenzará el 1 de agosto, enfocado en el “fortalecimiento de la democracia” y en enfrentar las secuelas del desastre sísmico.