Pasado un mes de la histórica operación militar ejecutada por las fuerzas Delta de Estados Unidos, que resultó en la captura y extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores, Venezuela enfrenta una transformación política y económica bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez. Aunque su discurso continúa firme en la defensa de la «revolución bolivariana», las medidas adoptadas por su gobierno parecen alinearse con los requerimientos de la Casa Blanca, marcando un cambio significativo en la dirección que tomó el país tras años de crisis. Las reformas implementadas, así como el restablecimiento de la colaboración con actores internacionales, sugieren un intento de estabilizar la situación interna, donde la población anhela regresar a la normalidad tras años de escasez y represión.

Uno de los avances más relevantes es la reapertura del espacio aéreo comercial, que había permanecido clausurado tras advertencias de la Administración Federal de Aviación sobre la inestabilidad en el país. Con el anuncio de Donald Trump el 29 de enero, varias aerolíneas como American Airlines, TAP, Copa y Wingo han comenzado a desarrollar planes para reanudar vuelos directos a Venezuela. Trump aseguró que los ciudadanos estadounidenses podrán visitar el país «bajo un control muy estricto», lo que podría abrir una puerta hacia la recuperación del turismo y de las relaciones financieras con Estados Unidos, en un momento en que la economía venezolana busca desesperadamente nuevas fuentes de ingresos.

En el ámbito energético, la Asamblea Nacional aprobó reformas a la Ley de Hidrocarburos que ponen fin al monopolio de PDVSA. Esta nueva legislación permite que empresas privadas se hagan cargo de la gestión técnica y operativa de los proyectos, lo que representa una importante inversión estimada en $100,000 millones de dólares. Aunque el Estado conserva la propiedad del crudo, se ha dado al Ejecutivo la capacidad de ajustar las regalías para facilitar la rentabilidad, especialmente en regiones clave como la Faja del Orinoco. Este avance podría ilustrar una nueva apertura de la industria petrolera, esencial para revitalizar la economia del país, que ha estado en crisis por años.

El giro en la política exterior de Venezuela también ha dado pasos hacia una mayor cercanía con gobiernos occidentales, especialmente con Estados Unidos. La presidenta interina Delcy Rodríguez mantuvo una reunión con el director de la CIA, lo que marca un precedente en las relaciones diplomáticas entre ambos países. Además, el encuentro con la encargada de Negocios de Estados Unidos en el país, Laura Dogu, muestra que el gobierno interino busca alinearse más con los intereses estadounidenses. Por otro lado, la líder opositora María Corina Machado ha expresado su voluntad de dialogar con Rodríguez para establecer un cronograma de transición política en el país, aunque los vínculos de Washington parecen más consolidados con el actual ejecutivo.

Respecto a la transición política, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, estima que podría pasar entre 18 a 24 meses antes de que se convoquen elecciones en Venezuela. Desde inicios de enero, el gobierno ha iniciado un proceso de excarcelación de detenidos políticos, destacando la liberación de figuras como Rocío San Miguel y Javier Tarazona. Aunque diferentes organizaciones como el Foro Penal reportan cifras que superan las 800 liberaciones, el gobierno mantiene un conteo más reducido. La propuesta de una ley de amnistía por parte de Rodríguez busca ofrecer una solución a la violencia política de las últimas décadas, señalando un interés por restaurar la cohesión social en una nación que ha experimentado profundas divisiones.