Este lunes, el Gobierno chileno reveló la identificación de señales de riesgo fiscal por más de US$9.200 millones, que corresponden a la gestión de Gabriel Boric, según informa BioBioChile. La subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo Gamboa, destacó que se ha ordenado iniciar investigaciones en cuatro organismos públicos: la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). Esta medida surge de un exhaustivo análisis realizado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), que busca esclarecer las irregularidades reportadas.
La auditoría, que abarcó más de 913 millones de datos entre 2022 y 2026 provenientes de más de 500 servicios públicos, ha permitido detectar una serie de fallas en la administración de recursos públicos. Castillo Gamboa señaló que se encontraron «errores, inconsistencias, mala gestión y debilidades estructurales de control», que son alarmantes, y que, en algunos casos, podrían implicar irregularidades con posibles repercusiones penales. Los hallazgos indican que se requieren ajustes significativos en la forma en que se manejan los recursos del Estado.
Entre las debilidades que han salido a la luz se encuentran la baja rendición de cuentas respecto a lo efectivamente pagado, así como entidades receptoras de fondos públicos que carecen de inscripción en el Registro Central de Colaboradores del Estado. Adicionalmente, se observaron preocupantes patrones de compras ágiles, donde se repitieron adquisiciones al mismo proveedor el mismo día y se incurrió en hitos contractuales incumplidos. También se reportó una subejecución presupuestaria superior al 30%, lo que pone en evidencia una gestión poco efectiva de los recursos asignados.
Los hallazgos más alarmantes incluyen US$3.200 millones en pagos postergados, lo que equivale aproximadamente al 1% del PIB. Entre los principales afectados se encuentran las pequeñas y medianas empresas proveedoras del Estado, así como programas de gratuidad universitaria y financiamiento a la Junaeb. La auditoría también reveló que las compras directas o ágiles habían costado al Estado US$3.170 millones, con Cenabast y el Registro Civil como los organismos con montos más cuestionados. Estas irregularidades ponen de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos de compra y asignación de recursos en el sector público.
Finalmente, se identificaron además US$150 millones pendientes de recaudar provenientes de licencias médicas otorgadas a través del Subsidio Laboral. Estos elementos fiscales han levantado serias preocupaciones sobre la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos. El Gobierno, a través de este proceso de auditoría total, no solo busca señalar las deficiencias, sino también establecer un plan de acción que permita fortalecer los mecanismos de control y mejorar la gestión del gasto público hacia adelante.