El anuncio de un recorte de $7 mil millones en el presupuesto del Ministerio Público generó fuertes cuestionamientos de parlamentarios de todos los sectores y del propio Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien calificó la medida como un golpe a las capacidades de la institución para enfrentar el crimen organizado y delitos graves.
La decisión, contemplada en el presupuesto 2025 y resultado de las negociaciones en el Congreso, ha encendido un debate sobre el compromiso del Gobierno con la seguridad pública, en un momento en que Chile enfrenta una creciente amenaza del crimen organizado y otras actividades delictivas de alta complejidad.
Fiscal Nacional: «Es un recorte muy significativo»
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, no ocultó su preocupación tras el anuncio, afirmando que esta reducción presupuestaria compromete investigaciones clave lideradas por el Ministerio Público. «Es un recorte muy significativo que impacta directamente las capacidades que tenemos para investigar el crimen organizado y delitos graves», sostuvo.
Valencia señaló que la disminución afectará actividades críticas, poniendo como ejemplo la investigación reciente contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, una operación en la que el Ministerio Público trabajó junto con el OS7 de Carabineros. «Es necesario proteger el presupuesto del Ministerio Público. No se entiende la disminución», insistió, subrayando la importancia de contar con recursos suficientes para continuar enfrentando a organizaciones criminales de alcance internacional.
La respuesta del Gobierno
Desde el Ejecutivo, la ministra de Ciencia y Tecnología, Aisén Etcheverry, en representación del Gobierno, defendió la medida, argumentando que el presupuesto fue producto de un acuerdo en el Congreso y que el ajuste «no merma el esfuerzo que hemos hecho como Gobierno de aumentar los presupuestos en materia de Seguridad».
Etcheverry destacó que las políticas de seguridad han sido una prioridad para la administración, pero evitó abordar de manera directa las críticas del Fiscal Nacional sobre el impacto específico de esta reducción en las investigaciones de alto perfil.
Reacciones desde el Congreso
El recorte presupuestario al Ministerio Público fue cuestionado por parlamentarios de distintos sectores políticos, quienes advirtieron sobre las posibles consecuencias negativas de la medida en un contexto de aumento de la delincuencia y el crimen organizado.
El senador de la UDI, Javier Macaya, señaló que «no es momento para recortar recursos a las instituciones que están en la primera línea contra el crimen organizado. Esto puede generar un retroceso en los avances logrados».
Desde la oposición, la diputada del Partido Socialista, Maya Fernández, también expresó su preocupación, destacando que «la seguridad no puede ser un área donde haya recortes. Si queremos proteger a la ciudadanía, debemos fortalecer las capacidades del Ministerio Público, no debilitarlas».
Impacto en la lucha contra el crimen organizado
El recorte presupuestario genera incertidumbre sobre cómo afectará las operaciones del Ministerio Público en un año en que el crimen organizado, el narcotráfico y las redes internacionales de delincuencia han adquirido mayor relevancia en el país.
La reciente investigación contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, citada por el Fiscal Nacional, ilustra los desafíos que enfrenta la institución en la persecución de organizaciones transnacionales que han comenzado a operar en Chile. Sin los recursos adecuados, advirtió Valencia, estas investigaciones podrían verse ralentizadas o incluso truncadas.
Un debate abierto
La reducción presupuestaria al Ministerio Público reaviva el debate sobre las prioridades del presupuesto nacional en materia de seguridad. Mientras el Gobierno defiende su estrategia global, sectores críticos insisten en que la disminución de recursos pone en riesgo avances cruciales en la lucha contra el crimen organizado.
En un contexto de alta preocupación ciudadana por la delincuencia, el impacto de este ajuste presupuestario será observado con atención, tanto por la opinión pública como por las instituciones involucradas en garantizar la seguridad del país.