En la segunda vuelta presidencial que se avecina en Chile, la decisión no se limita a elegir entre dos candidaturas, sino que representa la elección de un modelo de país. Como expresa Arnoldo Macker Aburto, la educación pública se erige como la base fundamental que definirá el rumbo colectivo del país. La educación no puede ser vista como un simple servicio comercial; es, de hecho, un elemento esencial en la construcción de una sociedad crítica y preparada para afrontar los retos del futuro. En este sentido, la amenaza que representa un enfoque privatizador de la educación puede significar un retroceso importante en los derechos de millones de jóvenes y niños chilenos, quienes demandan un acceso equitativo a su formación y desarrollo personal.
Si la ultraderecha, encabezada por José Antonio Kast, logra imponerse en las elecciones, las repercusiones para el sistema educativo serán inmediatas y profundas. La ampliación de subsidios a la demanda y la reducción de la inversión pública podrían significar un desprecio por la educación como un derecho universal, convirtiéndola en un privilegio exclusivo para aquellos que puedan costearla. Con esta lógica, la educación pública se vería convertida en un espacio marginal, carente de recursos y sin una perspectiva de cambio social sustantivo, relegando así al Estado a un rol secundario en la formación de ciudadanos.
Los efectos potencialmente devastadores de un modelo educativo mercantilizado recaen principalmente sobre los sectores más vulnerables. Los niños y jóvenes que dependen de la educación pública se convertirán en víctimas de un ciclo de interrupciones escolares, de dificultades económicas que afectarán su derecho a la educación, y de un acceso limitado a oportunidades de estudios superiores. Esta desigualdad ampliada no solo perpetuará la pobreza, sino que también restringirá las oportunidades de crecimiento personal y social, afectando así la construcción de una generación con proyección futura y capacidad crítica.
Asimismo, el impacto sobre los docentes es igualmente alarmante. En un contexto donde la educación se mide por indicadores de gestión y competitividad, la labor de las y los profesores se verá despojadas de su esencia. La creación de un entorno educativo saludable se ve amenazada por la pérdida de la relación pedagógica, la cual es fundamental para el proceso de aprendizaje. La exigencia de rendir cuentas y ajustarse a las demandas del mercado deshumaniza la práctica educativa, relegando a las y los docentes a la mera administración de protocolos que desdibujan su función social y ética.
En medio de este escenario, la defensa de una educación pública, laica y democratizadora cobra un significado crítico. La laicidad en la educación es un principio indispensable que fomenta la pluralidad y el respeto por las diversas creencias e ideologías. La construcción de una ciudadanía informada y consciente dependen de la fortaleza de un sistema educativo que no ceda ante intereses privados ni ideológicos. Con la candidatura de Jeannette Jara, se ofrece una alternativa sólida que promete la protección y dignificación de la educación pública, asegurando que sea un derecho accesible para todas y todos. Este es un momento crucial para Chile: la decisión que se tome influirá en el futuro de generaciones enteras.