En un análisis contundente, Eric Campos Bonta, Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile, destaca cómo una falla técnica en el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha desencadenado un desproporcionado abuso hacia las familias chilenas. Esta inexactitud ha generado un aumento excesivo en las tarifas eléctricas, afectando a millones de hogares en un contexto económico ya complejo. Campos Bonta subraya que este no es un simple error administrativo, sino un claro reflejo de una injusticia social que perpetúa la vulnerabilidad de los sectores más afectados. No se puede ignorar que, mientras los costos de vida se incrementan, los salarios se estancan, acentuando la desigualdad.

La reciente situación revela una alarmante falta de control y transparencia en la regulación del sector energético, donde los errores del sistema impactan desproporcionadamente a quienes menos tienen. Las grandes empresas del sector eléctrico, por su parte, continúan reportando cifras de utilidades millonarias mientras que los ciudadanos luchan por hacer frente a cuentas cada vez más elevadas. «La energía no debe ser un lujo», afirma Campos Bonta, recordándonos que el acceso a la electricidad es un derecho esencial que debe estar al alcance de todos, y no convertirse en un privilegio de unos pocos.

Ante este panorama, la urgencia de una respuesta efectiva es palpable. Campos Bonta hace un llamado a las autoridades y a la sociedad en general para que se garantice una total transparencia en los cálculos y procedimientos que determinan las tarifas eléctricas. Asegurar una compensación justa para las familias afectadas y corregir el error cometido es primordial, ya que solo así se podrá restablecer la confianza en un sistema que debe velar por el bienestar de las personas y no por los intereses de las corporaciones.

Además de una corrección inmediata, el Secretario General enfatiza la necesidad de una revisión integral del modelo tarifario, que incluya criterios de equidad y justicia distributiva. Esta revisión es vital para que las políticas públicas respondan a las necesidades de toda la ciudadanía, no solo a las demandas del mercado. La energía, según Campos Bonta, debe dejar de ser considerada una mercancía y recuperar su carácter de bien común, propiciando así una transición energética justo donde la electricidad sea fuente de bienestar para toda la comunidad.

Finalmente, Campos Bonta recuerda la importancia del movimiento sindical en la lucha por los derechos sociales, señalando que «los derechos no se mendigan, se conquistan». En esta línea, se hace urgente la lucha por un sistema energético que esté al servicio del pueblo chileno, reivindicando la energía como un derecho fundamental y no un lujo accesible solo para unos pocos. La corrección de este error es una cuestión de voluntad política y de justicia hacia las personas que sostienen el país.