El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, fue condenado este miércoles a 14 años de prisión efectiva por el delito de cohecho pasivo propio, según lo dictaminó el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional. Esta sentencia se deriva de un caso en el que se comprobó que Vizcarra recibió más de 2,3 millones de soles, alrededor de 700,000 dólares, durante su tiempo como gobernador de la región de Moquegua entre 2011 y 2014. El tribunal determinó que el exmandatario, de 62 años, propuso y recibió sobornos de la empresa Obrainsa por un millón de soles para la adjudicación del proyecto de irrigación agrícola Lomas de Ilo, así como también más de 1,3 millones de soles de ICCGSA para mejorar el Hospital de Moquegua.
La jueza Fernanda Ayasta destacó en su fallo que Vizcarra cometió «actos ilícitos» al aprovechar su posición de gobernador regional para otorgar contratos a cambio de dinero, lo que infringe la confianza pública. La sentencia no solo incluye la pena de prisión, sino también una inhabilitación de 9 años para ejercer cargos públicos y una multa de 94,900 soles, que equivalen a aproximadamente 28,100 dólares. Aunque la Fiscalía había solicitado una condena de 15 años, el tribunal consideró como atenuante que el expresidente no contaba con antecedentes penales previos.
Tras conocer la sentencia, Vizcarra reaccionó de inmediato, describiendo el proceso como una «venganza» por su enfrentamiento a lo que él denomina un «pacto mafioso» en el Congreso, que lo destituyó en 2020 debido a alegaciones de corrupción. En su declaración a través de Twitter, el exgobernante manifestó: «No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar», agregando que su hermano, Mario Vizcarra, asumirá la lucha política en su lugar y competirá como candidato presidencial en las elecciones de 2026.
Martín Vizcarra, que había mantenido altos niveles de popularidad durante su mandato, fue llevado a prisión custodiado por miembros de la Policía Nacional de Perú, donde se unirá a otros expresidentes en problemas legales relacionados con corrupción, como Pedro Castillo y Alejandro Toledo. Su caso genera un intenso debate en la política peruana sobre la corrupción y los mecanismos de control en el sistema político, poniendo de relieve las tensiones existentes entre el poder ejecutivo y legislativo en el país.
Con esta condena, el panorama político en Perú se complica aún más, y la batalla contra la corrupción se sigue transformando en un tema central del discurso político. La sociedad civil y los analistas observan de cerca la respuesta del electorado ante este escenario, donde la figura de Vizcarra, icono de lucha contra la corrupción, podría sufrir un cambio importante, mientras su hermano busca mantener viva su figura en el panorama político del país. El impacto de esta sentencia en las futuras decisiones electorales y en la gobernabilidad de Perú será un tema de interés durante los próximos años.