
La Fiscalía General de la Nación ha proseguido con la investigación del asesinato del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, al anunciar la captura de una novena persona involucrada en este crimen. Este arresto marca un avance significativo en el caso, donde se identificó a Simeón Pérez Marroquín, alias «El Viejo», como un presunto intermediario entre el grupo criminal que planeó el atentado contra Uribe, ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá. Según las autoridades, las evidencias recolectadas sugieren que «El Viejo» fue contactado específicamente para coordinar la ejecución del ataque, involucrando a otros actores delictivos en la operación.
Las autoridades revelaron que el seguimiento a Miguel Uribe Turbay por parte de Pérez Marroquín comenzó en marzo de 2025, justo antes del atentado. Durante este período, se le observó monitoreando las actividades del político, incluyendo una reunión en el barrio Danubio Azul. En esta reunión, Pérez Marroquín supuestamente entregó el arma de fuego que más tarde se utilizaría en el ataque, evidenciando una organización delictiva que planificaba de manera meticulosa el crimen. Esta información se desprende de los testimonios y las pruebas recopiladas por los investigadores.
Después del atentado, se registraron más acciones por parte de «El Viejo», quien presuntamente facilitó la huida de Katherine Andrea Martínez Martínez a Caquetá, proporcionándole dinero y un celular poco después de que se cometiera el crimen. Esto demuestra una red de complicidad entre los involucrados que se extiende más allá del hecho delictivo inicial, revelando la complejidad del caso. La fiscalía continúa desentrañando los detalles de cómo cada individuo participó en la planificación y ejecución del ataque.
En el ámbito judicial, Simeón Pérez Marroquín ha enfrentado serios cargos. Una fiscal de la Seccional Bogotá le imputó delitos que incluyen homicidio, concierto para delinquir y uso de menores de edad para la comisión de delitos, así como la tenencia ilegal de armas. Su captura se suma a la de ocho personas más en conexión con el asesinato de Uribe Turbay, destacando entre ellos a un menor de edad que fue responsable del disparo contra el político, quien ahora cumple una sentencia de siete años por homicidio en grado de tentativa.
Este caso reitera la trágica realidad de la violencia política en Colombia, recordando otros episodios históricos de asesinato de figuras políticas, como el caso de Diana Turbay, madre de Miguel Uribe, quien fue víctima de la violencia hace 34 años. La muerte de Uribe Turbay ha provocado un debate sobre la seguridad de los políticos en el país, y funcionarios del gobierno, como un representante de la administración de Petro, han comparado la peligrosidad de hacer política en Colombia con el riesgo que implica manejar una bicicleta.
