El abogado, Socio Principal de C&P Consultores y experto en previsión apuntó a las licitaciones contempladas en la reforma previsional como una vía mediante la cual el Estado controlar y manejar el destino de los ahorros previsionales de los trabajadores.
El gobierno presentó sus indicaciones sustitutivas al proyecto de reforma de pensiones donde se debate el destino del 6% de cotización adicional. Frente a este escenario, el abogado experto en pensiones, Alejandro Charme, analizó en una columna publicada en Ex-Ante que el Gobierno, “con mucho ingenio estableció “un monopolio estatal en el corto plazo”, y que podría traer como consecuencia que “los fondos de pensiones pasen a ser manejados por el Estado”.
El experto extrajo estas ideas tras analizar con cuidado los cambios que propuso el Ejecutivo que fueron tildados como “el fin de las AFP”. En la práctica, el Gobierno propone una agresiva e “ingeniosa” reorganización industrial, que establecería un monopolio estatal en el corto plazo. “Como primer paso, creó un Administrador Previsional único, licitado por el Estado, que tendrá a su cargo la administración de todo el sistema de pensiones, con exclusión de la gestión de inversiones, pero sí tendrá bajo su control la atención del usuario, incluso en lo que respecta a las inversiones”, expuso Charme.
Advirtió además que esta reorganización crearía un ente inversor estatal, dándole a cada afiliado la posibilidad de elegir, pero siempre dentro de una plataforma tecnológica administrada por el Estado. “La decisión de traspaso nacerá por iluminación propia del afiliado en un sistema que carece de educación previsional-financiera” señaló Charme, citando también una serie de trabas que el regulador le impondrá a los actores privados en desmedro del administrador estatal.
Como ejemplo, el abogado cuestiona que el Gobierno les prohibirá a los actores privados el tener contacto con sus clientes, limitando su fuerza de ventas, e incluso la publicidad que pueden hacer. Sólo podrán mencionar la comisión, la rentabilidad y la calidad de servicio. En este escenario, según Charme, “y dado que el precio es lo único que puede manejar el Estado con certeza y con el que puede ofertar un precio ínfimo, [el inversor estatal] se garantizará la adjudicación de las 3 primeras licitaciones, ya que pueden participar sólo quienes tengan una participación de mercado inferior a 30%. Pero posteriormente, podría participar un segundo inversor estatal, vía una filial de la AGF BancoEstado”, superando rápidamente ese umbral y llegando a manejar fácilmente más de la mitad de los fondos previsionales de los chilenos.
Así, Charme concluye que, con su proyecto de reforma, el “El Gobierno busca controlar el mercado y garantizarse un monopolio estatal en el sector previsional”. En otras palabras, el riesgo estatizante de la reforma es alto.
Finalmente, el experto criticó que el foco de la reforma y los ajustes en materia de industria se hagan sólo tomando el precio (o comisión) como base, cuando el factor más relevante para efectos de los pensionados corresponde a la rentabilidad.
Frente a esto, el Socio Principal de C&P Consultores concluye que “la responsabilidad está depositada en los parlamentarios quienes decidirán si los Fondos siguen siendo de los trabajadores o pasan a manos del Estado”.