A las afueras de la máxima corte de Venezuela, más de 50 familiares de detenidos protestaron el pasado fin de semana con el claro mensaje: “Ni terroristas, ni delincuentes, nuestros muchachos son inocentes”. Esta manifestación se organizó para conmemorar el primer aniversario del arresto de varias personas en el contexto de las controversiales elecciones de julio de 2024, donde Nicolás Maduro fue reelecto. Tras el escrutinio, se desataron violentas manifestaciones que resultaron en 28 muertes, cerca de 200 heridos y más de 2,400 detenidos, de los cuales casi 2,000 han obtenido la libertad hasta la fecha. Los arrestados enfrentan graves acusaciones como “incitación al odio” y “terrorismo”, delitos que en Venezuela conllevan penas que oscilan entre 10 y 30 años, marcando una severa situación para los implicados.

Entre los casos más destacados, se encuentra el de Ricardo Ramírez Zerpa, un joven estudiante de 20 años del estado Mérida, detenido el 12 de agosto por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Su madre, Yasbelis Zerpa, contó, con visible angustia, que Ricardo fue arrestado por la simple posesión de un sticker de Maduro, el cual le fue enviado por sus amigos a través de un grupo de WhatsApp. Aunque Ricardo había comenzado una carrera en psicología, recientemente decidió unirse a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con la esperanza de contribuir al país. Su arresto ocurrió durante un evento de la GNB, donde agentes de la Dgcim requisaron los celulares de los presentes.

Yasbelis relató que su hijo estuvo esposado durante 20 días, tanto en manos como en pies, lo que ella considera un abuso inaceptable. Tras pasar cuatro años en Perú, regresó a Venezuela para luchar por la libertad de su hijo, quien a su juicio, no tiene maldad en su corazón y solo aspiraba a estudiar. Su caso no es aislado, y refleja la dura realidad que enfrentan muchas familias en Venezuela, donde el temor a represalias por parte del Estado se ha vuelto parte del día a día.

Otro caso significativo es el de Kennedy Tejeda, un abogado de 25 años que se convirtió en preso político al acercarse a un comando de la Guardia Nacional en el estado Carabobo para preguntar por otros jóvenes detenidos. Su madre, Kennia Jiménez, también ha alzado la voz para exigir justicia ante la absurda situación de su hijo, quien se dedicaba a la defensa de los derechos humanos. Según el más reciente reporte de la ONG Foro Penal, a principios de agosto, Venezuela contaba con al menos 807 presos políticos, una cifra alarmante que incluye a 638 civiles y 169 militares, resaltando una preocupante tendencia de detenciones arbitrarias.

El clima de tensión en Venezuela se agrava aún más con la llegada del nuevo año electoral, y las acusaciones de violaciones a los derechos humanos han salido desde el país hacia el ámbito internacional. Las familias de los detenidos continúan luchando por la liberación de sus seres queridos y la restitución de la justicia en un país donde la disidencia política es objeto de represión. Voces dentro y fuera de Venezuela claman por una solución pacífica a la crisis, mientras el gobierno de Maduro sigue haciendo caso omiso a las demandas de sus ciudadanos.