Este fin de semana, la atención de millones de chilenas y chilenos se ha centrado en la alarmante noticia sobre el recorte o la cancelación de más de un centenar de programas sociales que han sido fundamentales para el bienestar de la población. Este abrupto cambio en la política pública se suma a una serie de crisis económicas, entre las que destacan el alza de los combustibles y el constante incremento de precios en productos y servicios esenciales. Con una economía en declive y sin perspectivas de generación de empleo o aumento de salarios, la preocupación entre los ciudadanos se intensifica, reflejando un descontento generalizado con la administración actual.

Las medidas implementadas por el gobierno, que incluyen la drástica reducción del gasto en diversos ministerios y la eliminación de presupuestos en programas vitales como los de alimentación escolar y la atención de la salud primaria, están teniendo un impacto directo sobre las familias más vulnerables. El Ministerio de Hacienda ha comunicado su intención de subsidiar a empresas y grandes grupos financieros, lo que resulta en una pérdida aproximada de 4 mil millones de dólares en recursos que podrían haber sido destinados al gasto social. Este desvío de fondos está levantando voces críticas que denuncian la disminución de la efectividad y cobertura de los servicios públicos disponibles.

Desde La Moneda, se han compartido declaraciones que prometen la creación de empleo como eje central de su política, aunque en el fondo se reconoce que estas metas no están garantizadas y que podrían alcanzarse solo hacia el final de la administración. Estas contradicciones, sumadas a la narrativa de que se vive una ‘estrechez fiscal’, parecen estar más alineadas con un discurso de austeridad neoliberal que busca justificar recortes a los programas sociales en vez de promover un crecimiento inclusivo. Así, se ha argumentado que el ‘fraude social’ de la administración anterior es la razón de una crisis que se ha utilizado para limitar los derechos sociales de la población.

El camino que ha decidido tomar el gobierno parece rememorar las prácticas de las políticas económicas de los años ochenta en Chile, unas que resultaron en un incremento del desempleo y una notable alza en la pobreza. La receta aplicada, que de nuevo prioriza los beneficios para un pequeño sector empresarial a expensas de la mayoría, sugiere que se repetirá un aumento en el costo de la vida sin un correspondiente alza en los ingresos de las familias trabajadoras. Esto coloca a los sectores más empobrecidos en una situación crítica, con una disminución de la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales como la salud, la educación, y la seguridad.

A medida que la administración avanza en la aplicación de estas políticas, la percepción de que se favorecen a las elites puede llevar a una polarización social significativa. Con una postura claramente inclinada hacia una profunda crisis económica y social, marcada por la austeridad y la desatención de las necesidades del pueblo, surge un escenario alarmante. La desvinculación de la administración de extrema derecha con las realidades de las clases trabajadoras revela una despreocupación peligrosa, planteando un futuro incierto donde los derechos de la población son debilitados en favor de un pequeño grupo privilegiado.