El expresidente peruano Ollanta Humala fue condenado este martes a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos, en un caso que involucra la recepción de fondos ilícitos provenientes del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela y de la constructora brasileña Odebrecht. Esta sentencia se produjo tras la verificación de que las campañas electorales de Humala, llevadas a cabo en 2006 y 2011, fueron financiadas con dinero de origen dudoso, utilizando mecanismos fraudulentos para encubrir la ilegalidad de los aportes.
Acompañando a Humala en esta dura sentencia se encuentra su esposa, Nadine Heredia, quien también recibió 15 años de cárcel por su papel en la coordinación de las campañas electorales. La jueza Nayko Coronado subrayó que los condenados intentaron legitimar contribuciones falsificadas y actuaron en el contexto de una organización criminal. El tribunal determinó que la campaña de 2006 recibió alrededor de 1,5 millones de soles desde la embajada venezolana, y para la de 2011, se reveló que obtuvo casi $3 millones de Odebrecht, denominados falsos y disfrazados para aparentar legalidad.
La ejecución inmediata de las penas fue ordenada por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, con Humala siendo arrestado en el acto dentro del tribunal. Por su parte, su hermano Ilán Heredia, quien también se vio implicado en este entramado, fue sentenciado a 12 años de prisión. Aunque Heredia asistió de manera virtual a la sentencia, se espera que sea recluido en una prisión que aún no ha sido determinada, marcando así un oscuro capítulo en la política peruana.
Durante el proceso judicial, Ollanta Humala se defendió alegando que nunca recibió directamente aportes de fuentes extranjeras, insinuando que cualquier dinero desviado desde Odebrecht fue manipulado por su exrepresentante en Perú, Jorge Barata. Por otro lado, Nadine Heredia también categoricamente negó haber recibido fondos de líderes extranjeros o empresas brasileñas, lo que ha llevado a un intenso debate sobre la accountability en la política del país.
En respuesta a las condenas, se impuso una reparación civil de 10 millones de soles, equivalente a aproximadamente $2,67 millones, que deberá ser pagada al Estado peruano. Aunque la lectura completa de la sentencia se realizará el 29 de abril, se establece que la comisión de lavado de activos está firmemente probada, evidenciando así el impacto de la corrupción en la gobernanza en Perú. La sociedad sigue atenta al desarrollo de este caso, que resuena dentro del contexto de las múltiples investigaciones sobre la corrupción en la región.