El caso del derrumbe de la discoteca Jet Set, que dejó un trágico saldo de 236 muertos y más de 180 heridos en Santo Domingo en abril de 2025, avanza hacia juicio contra sus propietarios, Antonio y Maribel Espaillat. El pasado miércoles, el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, tomó la decisión de desestimar la solicitud de los querellantes de elevar la acusación a homicidio voluntario con dolo eventual. De esta manera, el proceso judicial se mantiene centrado en la responsabilidad penal por homicidio involuntario, sin que se haya suministrado evidencia de intención directa de matar, lo que ha generado reacciones diversas entre los afectados por la tragedia.
Las medidas cautelares impuestas a los Espaillat también fueron ratificadas por el tribunal, requiriendo que los acusados garanticen su presencia ante las autoridades y prohibiéndoles salir del país. Además, se ordenó la inmovilización de bienes por un monto de hasta 500 millones de pesos, aproximadamente 8,3 millones de dólares. Esta decisión, aunque considerada necesaria para asegurar que los propietarios se presenten durante el juicio, fue vista como insuficiente por parte del Movimiento Justicia Jet Set, una organización que agrupa a sobrevivientes y familiares de las víctimas, quienes insisten en que el caso merecía una calificación más severa.
El Movimiento Justicia Jet Set, en un comunicado, expresó su respeto institucional por las decisiones del sistema judicial, aunque enfatizó que el fallo es claramente inadecuado para abordar la magnitud de la tragedia. La organización argumenta que el homicidio voluntario con dolo eventual debería ser la base de este caso, dado que este tipo penal permite considerar que, al estar al tanto de los riesgos grandes y evitable, los responsables decidieron actuar de forma imprudente, llevando al colapso de la discoteca y la consecuente pérdida de vidas.
Entre tanto, familiares de las víctimas continúan presionando por justicia. Alcides Acosta, quien perdió a su hermano y a su cuñada en el colapso, calificó la decisión del juez como “parcializada” y se comprometió a seguir luchando incansablemente por obtener justicia. “Seguiremos luchando, vamos a seguir peleando”, declaró ante los medios, reafirmando la determinación de los afectados de no ceder en su búsqueda de respuestas y sanciones adecuadas para los responsables del desastre.
La investigación del Ministerio Público ha revelado que la discoteca Jet Set operó durante años con serias deficiencias en su mantenimiento estructural, lo que generaba un entorno de riesgo tanto para los clientes como para los empleados. La tragedia ocurrió en la madrugada del 8 de abril de 2025, durante un concierto del merenguero Rubby Pérez. Este colapso no solo resultó en pérdidas humanas significativas, incluyendo a figuras destacadas de diversas áreas como el deporte y la política, sino que también ha dejado una herida emocional profunda en la comunidad dominicana, tanto en el país como en la diáspora.